Alianza de las mareas naranja y blanca contra los recortes

Las diferentes mareas sociales comienzan a mezclar sus colores. El blanco, que corresponde a la defensa de la sanidad pública y en contra de las privatizaciones (sobre todo en la Comunidad de Madrid), y el naranja, correspondiente a los trabajadores sociales y la dependencia, se han unido esta mañana para coordinar los actos de presión para luchar contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España (ADYGSS) han pactado una alianza para la defensa de un sector "maltratado" y "recortado" por el Ejecutivo y han invitado a otros colectivos (colegios profesionales, usuarios, partidos o sindicatos) para elaborar un manifiesto, una estrategia y "un calendario de acciones significativas y movilizaciones en todas las comunidades autónomas".

Los responsables de ambas organizaciones Marciano Sánchez (FADSP) y José Manuel Ramírez (gerentes de residencias) han explicado que las dos organizaciones desean "un modelo de atención público y con el único objetivo de ofrecer a las personas en situación de dependencia una atención digna, sostenible y eficaz". Unas cualidades que, a su juicio, el Ministerio de Sanidad está suprimiendo con "un progresivo desmantelamiento de los servicios públicos esenciales en todo el Estado". Tanto Sánchez como Ramírez han coincidió en señalar que el objetivo del Ejecutivo es "eliminar tanto los servicios y prestaciones que hasta hace poco más de un año eran universales, como los directamente dirigidos a sectores de población en situación de exclusión social, para dejar en la cuneta a las personas y a las familias más frágiles, menos ‘productivas’ y más pobres".

Las dos organizaciones han recalcado en su estrenada alianza las limitaciones de la ley de la dependencia por culpa de los recortes, ya que solo se pueden atender a 750.000 personas. "Tenemos 190.000 personas con el derecho otorgado a la atención y que no la reciben, es el llamado limbo de la dependencia. Y tenemos personas dependientes en espera de que se les otorgue ese derecho que, de seguir los tiempos actuales de atención, tardarían 80 años en poder recibir el servicio", han apuntado. Asimismo, han denunciado que los recortes de 7.000 millones ha ido acompañada de "una reducción de la actividad de los servicios asistenciales, el cierre de centros y reducciones de personal; la introducción de copagos a pensionistas, enfermos que precisan prótesis, traslados en ambulancia o medicamentos especiales; la supresión del derecho a la asistencia a mas de 800.000 inmigrantes y la dificultades a los jóvenes mayores de 26 años que nunca han cotizado y amas de casa divorciadas".

La última medida, según las organizaciones "la más cruel", es el copago de los enfermos que reciben tratamiento en los hospitales por cáncer y otras patologías graves. Asimismo, también denuncian que la ley de administración local va a provocar la "destrucción" de las redes de servicios sociales municipales. "Son servicios sociales básicos y servicios de proximidad, que se prestan a cerca de 8 millones de personas, para los que los ayuntamientos aportaban más de 50% del coste y que pasarán a ser competencia de las comunidades autónomas y las diputaciones, eso sí, sin ningún aumento de la financiación estatal que sustituya la aportación de los ayuntamientos", afirman las dos organizaciones.