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El fiscal pide que el capitán del Prestige no vaya a prisión

Pese a solicitar una pena de 12 años para Apostolos Mangouras, opina que «no sería razonable» enviarlo a prisión dada su avanzada edad

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El juicio del 'Prestige', la macrocausa por la mayor catástrofe ambiental de la historia de España, encara su recta final con muchas dudas aún sobre a quién corresponderá la responsabilidad civil y económica del naufragio del viejo petrolero, que tiñó de negro 1.500 kilómetros de la costa atlántica y cantábrica en noviembre del 2003.

La Fiscalía señala como principal responsable del naufragio al capitán Apostolos Mangouras y pide 12 años de condena «sin cárcel» para el anciano griego que, a sus 78 años, es muy poco probable que regrese a la prisión en la que ya pasó tres meses tras el siniestro y de la que salió tras el pago de una fianza de tres millones de euros. El fiscal, Álvaro García Ortiz, en su alegato final, achacó hoy gran parte de la responsabilidad del naufragio al marino heleno. Sin embargo, entiende que enviarlo a la cárcel de nuevo no sería «ni sensato ni razonable».

Según solicitó Ortiz, la desorbitada factura de la catástrofe, que asciende a 4.328 millones de euros en base a los cálculos del Ministerio Público, debe hacerla frente la aseguradora británica 'The London Steam'. Para el Ministerio Público, José Luis López Sors, único alto cargo de aquel Gobierno de José María Aznar que se sienta en el banquillo de los acusados, no tuvo la culpa del siniestro y tampoco vulneró la ley. No obstante, el fiscal no pasó por alto que el exdirector de la Marina Mercante se pudo haber equivocado cuando envió al petrolero mar adentro cuando vertía fuel -«una decisión dramática», puntualizó Ortiz- en lugar de refugiarlo cerca de la costa para trasvasar la carga, como defendían técnicos de Fomento.

Por la acusación particular Nunca Máis mantiene la petición de cinco años y un día de condena para Sors y cinco y medio para Mangouras. La Abogacía del Estado exime al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, del delito ambiental. El cuarto acusado, Ireneo Maloto, es un oficial filipino que sigue desaparecido. El veredicto se conocerá en julio.