sentencia del TEDH

Estrasburgo condena a España a indemnizar a una indigente por separarla de su hija

El estado deberá pagar 30.000 euros a la madre que en 2005 acudió a pedir ayuda a los servicios sociales y le retiraron la custodia de la niña, que entonces tenía tres años

MADRID Actualizado: Guardar
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), ha condenado a España a indemnizar con 30.000 euros a una mujer indigente por haberle retirado la custodia de su hija y haber entregado a la menor a una familia de acogida.

La Corte europea también insta a las autoridades españolas “a poner fin” a la vulneración de los derechos fundamentales sufrida por la mujer y a “restablecer la situación anterior” ya que la convivencia entre un padre y su hijo “es un elemento fundamental de la vida familiar”.

Los hechos se remontan a agosto de 2005, cuando la recurrente acudió junto a su pareja y su hija, que en aquel momento tenía tres años, a la sede de los servicios sociales de Motril (Granada) para pedir ayuda por falta recursos. Tras esta visita, las autoridades, a petición de los servicios sociales, declararon a la menor en situación de abandono debido a la falta de recursos de la mujer y a su supuesta actitud "irrespetuosa, violenta y agresiva".

La pequeña fue finalmente entregada por los servicios sociales a un centro de acogida. Durante este periodo, madre e hija solo se vieron en tres ocasiones. Un año después, la menor, fue entregada a una familia de acogida y en 2011 se iniciaron los trámites para darla en adopción. Todos los recursos de la madre, incluido el informe psicológico que validaba su capacidad para ocuparse de la niña, fueron desestimados.

Los siete magistrados de la Sección Tercera del TEDH han concluido que España vulneró el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que proclama el derecho a la vida privada y familiar, al separar a la recurrente de su hija “de forma injusta” y al haberle privado de todo contacto con ella.

Este mismo tribunal ya condenó a España en 2012 por expulsar a una nigeriana, dejando en Murcia a su hijo y darlo en adopción a una familia española sin el consentimiento de su padre biológico, que trabajaba en Barcelona.