Las autonomías apenas reducen un 13% su entramado de empresas en los dos últimos años

Las comunidades autónomas están cumpliendo a duras penas con el ritmo de ajuste de empresas públicas acordado por aquellas con el Gobierno central hace un año, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y es que durante los dos últimos ejercicios apenas han reducido su número en un 13% frente al 21,8% que habían pactado, es decir, sólo 308 de las 515 previstas en aquel pacto, a las que espera unir otras 227 durante 2013 para completar la cifra prevista. No obstante, el Gobierno anticipa el compromiso de duplicar ese recorte hasta llegar al 30%, en principio a finales de año.

Si se cumplen esas cuentas para 2013, las autonomías reducirán, en total, 708 de las 2.362 sociedades que tenían al 1 de julio de 2010 -en realidad, se habrán disuelto 794, ya que también han creado otras 86 nuevas-, fecha que se ha tomado de referencia para el ajuste, si bien excluye tanto a Ceuta y Melilla como al País Vasco por falta de información suficiente sobre sus entes dependientes. De esa forma, quedarían operativas 1.654, pero el Ejecutivo –dentro del informe sobre esta materia publicado este lunes por el Ministerio de Hacienda- sólo habla de "previsiones" que, a la vista de lo ocurrido durante 2011 y 2012, bien podrían calificarse de optimistas, quizá incluso demasiado.

Y es que, según Hacienda, la mayoría de las empresas públicas comprometidas en ese recorte se encontrarían "en trámites de cese de actividades de cara a su disolución posterior" durante este año. De hecho, a principios de 2013 todavía estaban operativas 2.054 sociedades, sin contar las más de 1.300 correspondientes a las corporaciones locales ni tampoco las cerca de 300 controladas por el Estado. Dichas cifras quedan lejos del 'tijeretazo' recomendado tanto desde las instancias internacionales, casos de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, como por parte de los institutos nacionales, donde los economistas aconsejan reducirlas a la mínima expresión.

Aprobados y suspensos

Las autonomías más cumplidoras en ese ajuste hasta el pasado 1 de enero -superando incluso las previsiones del acuerdo- habían sido, por este orden, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, La Rioja, Asturias, Baleares y Canarias. Por el contrario, Hacienda ‘suspende’ al resto por no llegar siquiera a las cifras comprometidas, con mención especial para los casos de Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón que son, con mucho, las que más se alejan del número de bajas que había sido acordado por cada una de ellas con el Ejecutivo central.

Además, el Gobierno destaca que Cataluña, Galicia y País Vasco no han enviado información alguna sobre sus entes –sí acaso datos "residuales" alguna de ellas-, lo cual complica mucho cualquier análisis concreto, mientras que a Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura y los dos archipiélagos les reprocha que no hayan enviado todos los documentos requeridos. Pese a este reconocimiento implícito de lo provisorio de sus cálculos, el Gobierno estima ya en 1.500 millones de euros el ahorro previsto entre 2011 y 2013 por la desaparición de empresas públicas autonómicas.