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Piden siete años de cárcel para el expresidente de Terra Mítica

La Fiscalía Provincial de Valencia reclama otros diez años de prisión para tres exresponsables del parque temático por estafa y delito contra la Hacienda Pública

VALENCIA Actualizado: Guardar
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La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de siete años de prisión para el expresidente de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm (Alicante), Luis Esteban, y otros diez años para tres exresponsables: Miguel Navarro -ex director general-, Justo Valverde -exjefe del departamento de Contratación- y Antonio Rincón -ex director técnico-. El ministerio público considera a estas cuatro personas autoras de una trama de facturas falsas por trabajos no realizados en el parque, con las que se estafó a la Hacienda Pública.

El ministerio público considera que estas cuatro personas podrían haber cometido un delito de estafa y un delito contra la Hacienda Pública, mientras que a tres de ellos -con la excepción de Luis Esteban- también les acusa de un delito continuado de falsificación de documento mercantil, según consta en la calificación provisional.

Asimismo, junto a estas cuatro personas, la fiscal dirige su acusación contra otros 34 responsables de hasta 25 mercantiles, para que los que también solicita diferentes multas y penas de prisión que van desde los cinco años y siete meses hasta los 53 años y cuatro meses. La pena más alta solicitada es para el empresario Antonio Vicente Moreno Carpio -administrador único de Altos del Carrichal SL y gerente de Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, Prexint Botànics y Red Moreno-. Además, pide que los acusados paguen, en diferentes grados, 7.793.415 euros en concepto de responsabilidad civil.

La causa parte de una denuncia de la Fiscalía, que llevó a un juzgado a abrir en 2005 una investigación al parque temático de Benidorm -que había sido impulsado por el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana- y a una veintena de empresas más por un presunto fraude fiscal por valor de 4,4 millones de euros. La investigación se dio por concluida el mes pasado, cuando el juez transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado y dio un plazo a las partes personadas para que realizaran sus peticiones.

El ministerio público ya ha remitido su escrito, y en el mismo se especifica que el 27 de enero de 1998 se constituyó la sociedad Parque Temática de Benidorm, que tenía por objeto, entre otras cosas, la construcción de un parque de atracciones. Seguidamente, esta sociedad firmó determinados contratos con empresas "externas" para que se encargasen de la creación, contratación, cumplimiento de normativa y control de calidad en el parque.

Intención de "lucrarse"

Para la contratación de estas empresas, según la fiscal, los entonces responsables Miguel Navarro y Justo Valverde contactaron con el empresario Vicente Conesa -dirigía las empresas C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimientos- y, con la intención de "lucrarse" a costa de los accionistas de Terra Mítica, idearon un plan que les permitía conseguir que un gran número de facturas que iban a presentar al cobro en el parque fueran aceptadas por el departamento financiero y luego abonadas.

Para ello, dotaban a estas facturas de una apariencia real, "pese a que recogerían trabajos y suministros que no iban a ser reales, prestados por unas empresas que nunca iban a trabajar en dicho parque", según detalla la fiscal en su escrito. Fruto de este plan, estas personas se pusieron en contacto con Antonio Rincón, a quien ofrecieron una comisión por participar en el entramado.

Para desarrollar este plan, los acusados crearon tres niveles diferentes de empresas. En el primero de ellos, Antonio Moreno y José Luis Rubio -relacionado con las sociedades Gribal SA y su continuadora Desarrollo Gran Vía S.L.- se pusieron al frente de varias sociedades con el consentimiento de otros procesados y fingieron realizar trabajos y proveer de material a empresas que estarían en el segundo nivel de la trama. Así, confeccionaron un gran número de facturas por trabajos y suministros que nunca tuvieron lugar, "dando a entender relaciones económicas que resultaron inexistentes".

En un segundo nivel estaban las empresas que recibieron las facturas y que emitieron pagarés o retiraron dinero de las cuentas. Por último, en el tercer nivel se encontraban otros acusados que se concertaron para confeccionar otro gran número de facturas que no obedecían a operaciones reales y que recogían unos trabajos que nunca se habían desarrollado, para así conseguir aminorar la cantidad que en concepto de IVA debían ingresar a Hacienda en los ejercicios 2000 y 2001.

Asimismo, según recoge la fiscal, las facturas confeccionadas se podían dividir en dos grupos. El primero, facturas realizadas en connivencia con los directores generales, de Contratación y Técnicos de TerraMítica, y se presentaban ante el departamento financiero de la mercantil. Se les daba apariencia de realidad, y ello pese a que no obedecían a trabajos ni a servicios reales.

La segunda forma era hacer facturas a varios acusados como administradores de otras mercantiles que también figuraban como proveedoras y que fueron utilizadas dentro de los distintos niveles de empresas frente a la Hacienda Pública, y así conseguir aminorar la cantidad a ingresar a la Agencia Tributaria en concepto de IVA y sociedades.

Penas

La mayor pena de prisión solicitada por la Fiscalía es para Antonio Vicente Moreno, para quien reclama 53 años y cuatro meses de cárcel; a éste le siguen Francisco Javier Moreno (49 años y siete meses); José Luis Rubio (41 años y medio); Gines Avilés (36 años y nueve meses); José Antonio Llopis (35 años y dos meses); Jesús Felipe Moreno (33 años y nueve meses); Vicente Conesa (28 años y siete meses); Matilde Ripoll (27 años y siete meses); Pedro Belén de Alex, Javier Alos (25 años y medio); Juan Carlos Moreno (23 años y cuatro meses); Manuel Navarro (21 años y dos meses); y Vicente Conesa Ripoll, Luis Alberto Conesa (21 años y siete meses).

Asimismo, el ministerio público reclama para Emilio Muñoz, Alfonso Gómez 20 años y un mes; Julio Cortes (19 años y dos meses); María Yolanda Muñoz, Fernando San Juan García (16 años y cinco meses); José Vicente Martín, José Herrero, María Julia Muñoz (17 años y cuatro meses); Antonio Alos, Jesús Alberto Alvarez (14 años y ocho meses); Antonio Latorre, José Luis Rubio (12 años y ocho meses); Domingo Rojo, Juan Antonio Domínguez (11 años y ocho meses); Miguel Navarro, Justo Valverde y Antonio Rincón (10 años); Jesús Vicente Pascual (9,7); Francisco Javier Ribes, Vicente Zarzo, Vicente Fernández Gallardo (8 años y cuatro meses); Luis Esteban (7 años); José María Arraiz, Alicia García, Manuel Contell (cinco años y siete meses).