Cumplir las reglas

Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander, abandona el cargo y la institución, según ha anunciado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sáenz ha presentado "la renuncia voluntaria a sus cargos de vicepresidente y consejero delegado", y será sustituido por Javier Marín, según añade el comunicado remitido al regulador.

Como es bien conocido, Sáenz fue condenado en firme en 2011 por denuncia falsa por unos hechos de 1993, y el indulto concedido por el gobierno anterior no eliminó, según el Tribunal Supremo, los antecedentes penales que le impedían ocupar un cargo de responsabilidad en una entidad bancaria según la normativa entonces vigente. Este gobierno, sin embargo, modificó dicha normativa, supuestamente para ajustarla a las directivas comunitarias, y la reemplazó por otra más tolerante que, en una interpretación abierta, hubiese permitido a Alfredo Sáenz continuar.

Este forcejeo no ha resultado en absoluto edificante, toda vez que abonaba la tesis de una justicia a la medida de los poderosos o, cuando menos, a cierta manga ancha con ellos. De ahí que la renuncia planteada por el propio Sáenz, que cierra radicalmente el debate, sea una decisión plausible, aunque, según fuentes de primera mano, se produzca para evitar una embarazosa negativa del Banco de España a su pretensión de continuar en el cargo.

La sentencia que condenó a Sáenz ha sido muy cuestionada jurídicamente; sin embargo, las reglas han de ser iguales para todos y los efectos de una decisión judicial firme no deben ser interpretables. Ni siquiera en ese irreal mundo de las finanzas en que, como en este caso, las jubilaciones alcanzan cantidades astronómicas: Alfredo Sáenz se va con una pensión de 88 millones de euros. Quizá algún día tengamos que meditar sobre si es o no razonable que el mundo financiero, que presta un servicio a la sociedad, maneje magnitudes salariales tan desproporcionadas.