Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. / Archivo
ANÁLISIS

Sobresueldos: a los tribunales

Los jueces deben ser los encargados de aclarar lo ocurrido y de resolver la contradicción entre quienes acusan y quienes niegan las irregularidades

MADRID Actualizado: Guardar
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La información de hace unas semanas sobre el cobro de sobresueldos 'en negro' por los dirigentes del Partido Popular, urdida al hilo del 'caso Bárcenas' y del descubrimiento judicial de una cuenta en Suiza que había llegado a contabilizar más de 22 millones de euros, ha tenido hoy continuidad en otro periódico con la publicación de lo que tenía visos de ser la 'contabilidad B' del Partido Popular, con expresión de los sobresueldos pagados y de las exacciones cobradas a diversas empresas. Lo más embarazoso de esta información, ahora en cuarentena, es que tanto Rajoy como Cospedal figuran como perceptores de pagos periódicos y sistemáticos, junto a un gran número de beneficiarios.

La mañana ha sido de desmentidos rotundos: primero, el PP publicaba una nota en que se decía que "las retribuciones a los cargos y personal del partido se ha realizado siempre conforme a la legalidad y cumpliendo las obligaciones tributarias correspondientes". El partido "niega, por tanto, el pago sistemático a personas concretas de retribuciones distintas de las incluidas en las nóminas mensuales con sus correspondientes retenciones fiscales y a la Seguridad Social", añadía el comunicado. Después, tanto Bárcenas como su predecesor al frente de las finanzas populares, Álvaro Lapuerta, desmentían la información, aunque sin la exigible rotundidad. Por último, la número dos del partido, Dolores de Cospedal, ha salido a la palestra a desmentir rotundamente la acusación, expresar la indignación del partido, reafirmar la transparencia de las cuentas populares, poner de manifiesto que se busca la destrucción del PP y anunciar acciones legales del partido y de todos y cada uno de los mencionados en la supuesta contabilidad.

Efectivamente, los tribunales deben ser los encargados de aclarar lo ocurrido y de resolver la contradicción entre quienes acusan y quienes niegan las irregularidades. El asunto no tiene apenas trascendencia penal (salvo en lo que se refiere a Bárcenas y a su presunta complicidad con la trama Gürtel) porque la mayoría de los delitos insinuados habrían prescrito, pero sí posee evidentemente extraordinaria relevancia política. La credibilidad de la fuente más probable, directa o indirecta, que es el propio Bárcenas, es nula, pero tampoco se entiende cómo ha podido este individuo edificar una fortuna tan abultada a lo largo de una carrera profesional vinculada al PP. En cualquier caso, el juez Ruz, con el respaldo del fiscal anticorrupción -ospedal ha hecho hincapié en este extremo ciertamente significativo-, se dispone a investigar estos reales o irreales sobresueldos. Convendría que, al menos por una vez, la Justicia apresurara su tarea para acomodarse a los tiempos políticos porque no sólo está en juego la honorabilidad del PP: también el prestigio de la política en general, y consiguientemente la medida de la gran desafección ciudadana que generan estos episodios, que colman el vaso de muchas paciencias.