Barberá, octavo imputado por los ERE que se niega a declarar

El exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá se ha acogido a su derecho a no declarar ni a responder preguntas durante la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza al entender que ello "puede suponer una lesión efectiva" de su derecho a la defensa legal en el proceso judicial que lleva a cabo Mercedes Alaya, instructora de este caso en el Juzgado número 6 de Sevilla.

Es por ello que Barberá, que dirigió la Viceconsejería de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010 y está imputado en el caso de los ERE por cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial, se ha limitado a leer, en su primer turno de intervención, un breve comunicado en el que ha recordado que la Constitución Española reconoce su "derecho fundamental a la defensa en el proceso penal con todas las garantías que este procedimiento" le permite y que, por tanto, elige, por recomendación de su letrada, no declarar ni contestar preguntas en esta comisión parlamentaria.

Pese a ello, y después de señalar ante la comisión que el hecho de que se le obligue a permanecer presente en la sala mientras los grupos parlamentarios formulan sus preguntas puede suponer también "una merma o lesión de su derecho de intimidad", Barberá ha atendido finalmente a algunas de las cuestiones planteadas por el PP-A y ha pedido al presidente de la comisión, Ignacio García, que "conste en acta" su rechazo a algunos de los términos utilizados por la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas, en su turno de preguntas.

En concreto, Barberá ha pedido a García que se reflejara su rechazo a las expresiones "tomadura de pelo" y "previo acuerdo" que Doblas ha utilizado, en primer lugar, para criticar que ninguno de los comparecientes que han pasado por la comisión hasta la fecha haya querido contestar las preguntas de los grupos y, en segundo, para referirse a un posible pacto entre las defensas de todos los llamados a esta comisión para no contestar a las preguntas.

Tras hacer caso a su petición, García ha vuelto a dar el turno de palabra a Doblas, quien ha insistido en el "profundo malestar" que le causa a IULV-CA y a "todos los andaluces a los que representan" ver que ninguno de los comparecientes explica qué procedimiento se siguió en la Consejería de Empleo para otorgar ayudas sociolaborales. Barberá le ha contestado que el orden de las comparecencias no lo ha ordenado él y que, probablemente, si él hubiese sido el primero en declarar el pasado martes ella hubiese estado "más relajada". "Por el hecho de que yo acuda en quinto o sexto lugar no tiene por qué echarme la culpa de la actitud de los que me han precedido", le ha reprochado.

Declaración de Rivera

Antes, Daniel Rivera, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía desde 2010 hasta junio de 2012 se negaba a contestar a las preguntas en la comisión de investigación. Al igual que sus antecesores, Rivera se limitó a leer, durante cuatro minutos y medio, un escrito en el que alegó su "absoluta inocencia" y destacó que introdujo "mejoras en los procedimientos" para la concesión de estas ayudas sociolaborales y a empresas, a la vez que colaboró con la Justicia "en el esclarecimiento" de presuntas irregularidades.

Tras subrayar que ejerció sus responsabilidades "de la manera más honrada posible", Rivera, a quien la juez Mercedes Alaya le imputa los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, se declaró "injustamente imputado". "Creo firmemente que no soy merecedor de tal situación por mi colaboración en la mejora de los procedimientos de la Dirección General, por cumplir con la Justicia, poniendo a su disposición todos los medios, documentos e información que me fueron requeridos y por haber sido el primero en denunciar en el Juzgado las posibles irregularidades que pudieran haber sido cometidas", enfatizó.

El declarante se mostró especialmente satisfecho por haber contribuido a la mejora de la calidad de vida de trabajadores afectados por ERE y repudió que algunos medios informativos hayan vulnerado su presunción de inocencia. "Jamás cometí ni tuve conocimiento de ningún acto ilegal, ni tan siquiera irregular (...) cuando conocí alguna irregularidad no dudé en poner tales hechos en conocimiento de la Justicia con prontitud y diligencia", concluyó.

Declaración de Márquez

Previamente, el también exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo Juan Márquez negó "haber cometido jamás, ni conocido tampoco ninguna ilegalidad". Márquez sucedió a Francisco Javier Guerrero al frente de la institución, desde abril de 2008 hasta abril de 2010. Está imputado por omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, malversación y falsedad, unas imputaciones que están relacionadas con la concesión de 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas por un valor de más de 154 millones.

El ex alto cargo, que inició la tercera jornada de comparecencias de la comisión y, al igual que el resto de imputados que han sido llamados a la misma, se acogió a su derecho a no declarar y a no contestar a preguntas, sí que insistió en una breve intervención en que no ha cobrado "ni un solo euro en ningún concepto más allá de mi sueldo, ni he tenido conocimiento de que alguien se haya podido lucrar". Márquez ha dicho respetar la labor de la comisión de investigación creada en el Parlamento, si bien ha señalado que al encontrarse inmerso en un procedimiento penal "en plena fase de instrucción", por razones "elementales" y el consejo de su abogado, ha decidido no declarar ante este órgano, al considerar que ello podría suponer una "lesión" de su derecho a la defensa porque las garantías que le da esta comisión "difieren" de las que tiene en sede judicial.

Solo una pregunta ha hecho que Márquez pidiera el turno de palabra para mostrar "su rechazo" por la misma, al considerarla "improcedente" y que lesionaba su derecho al honor, "al decir que yo estoy tapando un fraude". Se trataba de una pregunta formulada por el PP-A sobre si ordenó a su colaboradora María José Rofa que "reconstruyera o construyera informes a posteriori de los datos administrativos". García preguntó al PP-A si era una afirmación o una pregunta y Salas contestó que se limitaba a preguntar, "no siendo esto un juzgado, ni yo un fiscal".