Los comparecientes en la comisión se niegan a declarar

El exgerente de la empresa municipal Mercasevilla Fernando Mellet ha asegurado que en el caso de los ERE está siendo objeto de una "persecución personal" con "total ausencia" de garantías jurídicas, lo que ha atribuido a una batalla política de los grandes partidos para alcanzar el poder.

En su comparecencia, la tercera y última de la primera sesión de la comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE falsos, Mellet se ha acogido a su derecho a no declarar al estar imputado por la juez Mercedes Alaya, aunque ha defendido su inocencia. "No he tenido ni responsabilidad política ni administrativa en ninguna administración. Sin embargo, dada la situación, he de decir que no he tenido ninguna capacidad de decisión política ni administrativa", ha asegurado.

Mellet ha calificado de "ilegal" la grabación realizada en el interior de su despacho por dos empresarios y ha denunciado que se ha utilizado políticamente y que han "violado" sus derechos constitucionales. De hecho, ha denunciado que está siendo objeto de una "persecución personal", lo que ha achacado a la "batalla política de los grandes partidos" para alcanzar el poder por denunciantes "interesados".

La juez Mercedes Alaya acusa al exgerente de la empresa municipal de participar en la inclusión de intrusos en el ERE de Mercasevilla en presunta connivencia con la consultora Vitalia. Mellet está imputado en los cuatro sumarios vinculados al fraude y este otoño afrontará un juicio sobre un intento de soborno de más de 400.000 euros a dos empresarios hoteleros, los que presuntamente realizaron la grabación.

El testimonio de Mellet, un texto leído en unos 30 minutos, se ha limitado a intentar explicar su papel en la tramitación de los ERE de Mercasevilla en 2003 y 2007, aunque solo el primero de ellos contó con subvención de la Junta. "Me he sentido vilipendiado y denigrado en mis derechos, siendo víctima de un escarnio público sin la más mínima consideración a mi familia y a mi persona", ha lamentado.

Después de recordar que ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar anular las grabaciones, ha negado tener conocimiento de las ayudas sociolaborales y manifestado categóricamente que no detectó actuación irregular alguna en los ERE de Mercasevilla. "Estas actuaciones estaban controladas por la Consejería de Empleo y en todo momento fueron dictadas sin haber sido anuladas. Ni el exdelegado provincial de Trabajo Antonio Rivas ni el consejero Antonio Fernández tuvieron más intervención que la concesión y autorización del ERE del 2003 y su continuación en el 2007", ha señalado.

Grabación "ilegal"

El exgerente ha lamentado que la Consejería de Empleo aceptara "como válida" la grabación "ilegal", lo que, a su juicio, cambió su postura cuando antes no había puesto objeciones a los expedientes. "Los pagos comprometidos por Guerrero (exdirector general) destinados a abonar las pólizas de 2007 se dejaron de abonar en teoría para centrar el foco de atención a Mercasevilla desviándolo del verdadero, como ha quedado probado con la investigación judicial", ha precisado.

Por ello, ha sostenido que su intervención se redujo a mantener varias reuniones con las personas "competentes" y que en "ningún caso" participó en las reuniones entre trabajadores y aseguradoras que proponía la Junta ni tuvo relación con Francisco Javier Guerrero sobre los pagos que este realizó en representación de la administración autonómica. También ha negado haber tenido contactos con los representantes de las aseguradoras y ha recalcado que su trabajo se limitó a "representar" a la empresa Mercasevilla.

El paraguas de la legalidad

Al igual que Mellet, los otros dos comparecientes del día en la comisión parlamentaria de investigación, el exparlamentario andaluz Ramón Díaz Alcaraz (PSOE) y el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois Ruiz, se han acogido a su derecho a no declarar.

Díaz Alcaraz ha acudido ante la comisión asistido por su abogado, Manuel Navarro Lledó, y ha leído un comunicado de diez minutos en el que ha asegurado que "tiene la conciencia tranquila" y que "jamás conoció una actuación ilegal, ni siquiera irregular", durante los cuatro años en los que trabajó como asesor de la Consejería de Empleo.

Ha lamentado que "haya calado en la opinión pública una injusta relación entre fraude y ERE" porque las ayudas permitieron llevar "una vida digna" a "miles de trabajadores expulsados del mercado laboral". Ha asegurado que el hecho de estar imputado en el caso que instruye la juez sevillana Mercedes Alaya le impide someterse a las preguntas de la comisión pero aún así ha defendido que es "la persona con menos responsabilidad política de cuantas han sido citadas" en la comisión y la de "menor capacidad de decisión" en torno a los ERE.

Ha relatado que en octubre de 2005 se incorporó a la Consejería de Empleo para centrarse en la lucha contra la siniestralidad laboral y luego intervino en las ayudas investigadas, cuya finalidad era "conseguir condiciones de vida dignas a los trabajadores expulsados del mercado laboral", lo que además permitió "mantener cientos de empresas abiertas y conservar miles de puestos de trabajo".

Fue una política apoyada por todos los partidos, incluidos los que ahora están presentes en la comisión de investigación, y por el propio Parlamento de Andalucía, ha añadido Díaz Alcaraz. Pese a su negativa a declarar, el exparlamentario del PSOE ha dicho que "cuando se sustancie el procedimiento judicial" no tendrá inconveniente en someterse de nuevo a la comisión y ha pedido que se le hagan llegar las preguntas que pensaban plantearle para decidir "si las puede contestar".

Ha asegurado tener la conciencia tranquila porque nunca conoció ninguna actuación "ilegal, ni siquiera irregular" y ha afirmado que su único interés fue "mantener el empleo y la actividad productiva bajo el paraguas de la legalidad".

Por su parte, Antonio Diz-Lois Ruiz ha eludido toda responsabilidad en este caso, subrayando que era "un simple jefe de servicio de los cuatro que había". Además anunció que se reservaba el derecho a emprender acciones legales contra este órgano si se le realizaban preguntas, al considerar que dichas cuestiones formuladas ante los medios de comunicación podrían "lesionar su derecho a la defensa", así como también sus derechos "al honor, la intimidad y a la propia imagen", recogidos en la Constitución.