Paralizan la plantación de cannabis en La Rasquera

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Tarragona ha admitido a trámite el recurso presentado por la Abogacía del Estado y ha suspendido cautelarmente el proyecto de la plantación de cannabis de Rasquera, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

El Estado presentó un recurso contra los cultivos de marihuana en una finca municipal de Rasquera para abastecer a una entidad privada, ABCDA, que se incluye en el plan anticrisis del consistorio aprobado en referéndum el pasado día 10 de abril con el 56% de los votos a favor. Ahora, este juzgado de Tarragona ha admitido a trámite el recurso que presentó la Delegación del Gobierno en Cataluña contra los acuerdos del pleno de Rasquera del 29 de febrero pasado.

Ese día, el plenario de Rasquera aprobó, con los votos de los cuatro concejales en el gobierno (ERC) -los tres en la oposición (CiU) votaron en contra- el plan anticrisis, que implica ceder una finca para que ABCDA plante cannabis para sus socios, fundar dos empresas municipales y crear cuarenta puestos de trabajo, así como recibir 1,3 millones de euros en dos años para liquidar la deuda municipal. Ante las dudas que planteaba la legalidad del proyecto, tanto la Generalitat como el Gobierno y la Fiscalía de Tarragona se movieron para conocer con exactitud si el plan era viable legalmente.

La Abogacía del Estado en Tarragona presentó el pasado 30 de marzo un recurso contra estos acuerdos del pleno de Rasquera ante uno de los juzgados de lo contencioso administrativo de Tarragona. Esta admisión a trámite supone, de entrada y hasta que no se resuelva el contencioso-administrativo, la paralización cautelar del acuerdo que ratificó el convenio con ABCDA y la creación de la empresa municipal Rasquerana de Búsqueda e Interpretación de la Variedad Vegetal Cànnabis Sativa L (RRICA), que debía gestionar la plantación.

Intervención de la Fiscalía Especial Antidroga

Así, la juez del contencioso número uno de Tarragona sostiene que los intereses de la administración estatal prevalecen sobre los del Ayuntamiento de Rasquera -que presentó también sus argumentos contrarios a la suspensión, en los que defendía la legalidad jurídica de la iniciativa-. La resolución prevé que el Ayuntamiento de Rasquera pueda presentar un recurso de apelación en el plazo de quince días.

El Ayuntamiento de Rasquera ya cobró 36.000 euros de ABCDA en el momento de firmar el contrato, y tanto el consistorio como la asociación habían circunscrito el desarrollo del proyecto, ahora en estado de espera, a que todas las resoluciones judiciales se manifestaran y se acabara la oposición legal. Además, antes del recurso de la Abogacía del Estado, el fiscal de Tarragona, por encargo de la Fiscalía Especial Antidroga, inició la investigación del caso para elaborar un informe que todavía está pendiente de finalización.

Pese a ello, el ayuntamiento de Rasquera consiguió que el Ministerio de Hacienda reconociera la aportación de 600.000 euros de RRICA como garantía para obtener el crédito que les ha permitido pagar las facturas pendientes de los proveedores, una decisión que tras esta nueva vuelta de tuerca podría repensarse.