El Gobierno prorroga la vida de Garoña hasta 2019

Garoña continuará con vida hasta 2019. El BOE publicó este martes la orden ministerial que permite a la central nuclear burgalesa permanecer abierta otros siete años. De esta manera, el Ministerio de Industria revocaba la orden del Gobierno socialista de terminar con la central el 6 de julio de 2013, cuando se cumplían sus 40 años de vida útil. Entre las razones que ha señalado el Ejecutivo para tomar dicha decisión destacan el déficit del sector eléctrico, la dependencia energética de España del exterior y el impacto del cese en la economía, el empleo y la recaudación de impuestos de la zona. Unos motivos que no han convencido a los partidos de la izquierda ni a los grupos ecologistas. De hecho, Greenpeace anunció poco después de conocer la publicación en el BOE que recurrirá esta decisión.

La orden del Ejecutivo implica también ciertas obligaciones a Nuclenor, la empresa propietaria de la central de Santa María de Garoña. Tendrá que presentar antes el 6 de septiembre un informe con las "actividades de vigilancia, inspección en servicio, mantenimiento y gestión de vida realizadas desde julio de 2009, que se correspondan con las establecidas para la renovación de la autorización de explotación hasta 2019". Si la central decidiera optar a la renovación, debería llevar a cabo antes de julio de 2013 las modificaciones de diseño requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la renovación en el periodo 2009-2019. Fue el CSN quien dio vía libre al Gobierno para ampliar la vida de Garoña, al no ver ningún impedimento para esa modificación, siempre que se llevaran a cabo esas exigencias.

Ante esta decisión, la empresa, algunos partidos políticos (PP, CiU y UPyD) y el Foro de la Industria Nuclear mostraron su satisfacción por la ampliación decretada por el Ejecutivo. Este lobby destacó que el impacto económico  producido durante los últimos diez años por la central nuclear de Garoña en su entorno se sitúa por encima de los 355,5 millones destinados a compras, contrataciones, empleo, impuestos y tasas. La electricidad producida por la planta en 2011 equivale al 6,5% de la producción nuclear total en España. Además, alrededor de 1.500 familias dependen directa o indirectamente del funcionamiento de la instalación.

En cambio, el PSOE denunció que el Gobierno de Rajoy va en contra de la Unión Europea y la comunidad internacional. "Primero lleva a cabo un parón a las energías renovables y después emprende un fiasco sobre el carbón y ahora decide esto con Garoña", comentó la portavoz socialista de medio ambiente, Leire Pajín. Por su parte, Greenpeace anuncia un recurso ya que "esta orden es una muestra más de la falta de política energética en España y de lo que pasa cuando los sucesivos gobiernos someten sus decisiones a los intereses de las grandes compañías eléctricas", según señaló Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de la ONG. Además, advirtió de que, si la orden sigue su curso y la central permanece en activo, el siguiente paso será una reforma del sector eléctrico a favor de las energías ‘sucias’. Greenpeace, en cambio, propone reducir la vida útil de las centrales a treinta años, establecer un calendario para el abandono de energías sucias en pro de las renovables, eliminar las subvenciones a combustibles fósiles y energía nuclear y reducir a cero las emisiones derivadas de estas energías para 2050.