La juez ve indicios delictivos en la actuación de Rafael Blasco

La juez aprecia indicios delictivos en la actuación de Rafael Blasco en la causa de Cooperación en la que se investiga el desvío de fondos de ayuda al tercer mundo, según ha informado el TSJCV en un comunicado. La titular del juzgado de Instrucción 21 de Valencia ha acordado enviar al TSJCV el caso, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

Las mismas fuentes han informado de que no hay un plazo previsto para que el juez del TSJCV que se encargue de la instrucción del caso se pronuncie sobre la competencia de la sala para investigar el caso.

El pasado día 22 de junio la Fiscalía pidió imputar al portavoz del PP en Les Corts Valencianes y exconseller de Solidaridad en la denominada 'causa de la Cooperación' sobre una supuesta trama de malversación de fondos de la Generalitat destinados a ayudas para cooperación internacional.

Según el escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en Valencia, se solicitaba a la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que elevase al Tribunal Superior de Justicia valenciano el contenido de las diligencias previas practicadas, dada la condición de aforado de Blasco. La Fiscalía considera que existen "fundados indicios de la participación" en los hechos investigados de Rafael Blasco y la posible comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia dictó el pasado día 12 una resolución según la cual veía indicios para "imputar hechos de naturaleza delictiva" a Blasco, que era el titular de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía cuando se concedieron las ayudas investigadas. El juzgado pidió a Les Corts Valencianes que certificasen y acreditasen la condición de diputado autonómico de Blasco, que una semana antes renunció "temporalmente" a las "responsabilidades y funciones del cargo" de portavoz del grupo popular del Parlamento autonómico.

La juez instructora de la causa ha imputado hasta ahora a un total de 27 personas y ha autorizado entradas y registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social. El sumario, cuyo secreto quedó levantado el pasado 17 de mayo, está abierto desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.

Los imputados

Seis de los imputados ocupaban cargos de la Administración autonómica en el momento de su detención o declaración ante la juez, entre ellos el ex director general de Cooperación de la Generalitat Josep Maria Felip y el exsubsecretario de la Conselleria de Sanidad Alexandre Catalá. También formaba parte del Gobierno de la Generalitat la exjefa del Servicio de Gestión de Programas de Cooperación de la Conselleria de Solidaridad Dolores Escandell, que fue detenida y puesta en libertad, y el exjefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Marc Llinares. Las otras personas imputadas hasta hoy están, en su mayoría, relacionadas con seis ONG, como el responsable de la Fundación Hemisferio César Augusto Tauroni, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, que van desde la presentación periódica en los Juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio.

La acción judicial se sigue por el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones, con facturas que, supuestamente, se hinchaban para justificar el dinero concedido.

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la Administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití, país éste último donde el supuesto desvío no se hizo efectivo.