El gobernador del Banco de España podría ser multado

Los servicios jurídicos de Les Corts advierten, en su informe sobre la no comparecencia de altos cargos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la comisión de investigación sobre CAM, de que el Código Penal sanciona a quienes no atienden los requerimientos de estos órganos parlamentarios, con independencia de su cargo. El informe, que ha sido recibido hoy por la Presidencia de Les Corts, aclara que tanto el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como los otros seis altos cargos que declinaron comparecer en la comisión parlamentaria podrían ser acusados de un delito de desobediencia.

La comisión de investigación sobre CAM remitirá el informe a estos comparecientes y les apercibirá de su deber de someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios, y si aún así declinaran su asistencia, pondría los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según han informado a EFE fuentes parlamentarias. El origen de este informe jurídico se encuentra en el escrito en el que el gobernador del Banco de España remitió a Les Corts en respuesta a la solicitud de documentación que le había realizado la comisión, y que se negó a facilitar por su carácter "reservado".

Fernández Ordóñez también excusaba su ausencia, basándose en un dictamen del Consejo de Estado, en que el ámbito de actuación de la comisión de investigación de Les Corts estaba circunscrito al de la comunidad autónoma. Junto al gobernador del Banco de España, rehusaron comparecer otros cuatro altos cargos de este organismo, además del director general del FROB, Mariano Herrera, y su exdirector Julián Atienza. Frente a estos argumentos, los servicios jurídicos de Les Corts recuerdan que el Código Penal prevé una sanción para quienes "no atiendan los requerimientos de las comisiones de investigación" e incurran así en un delito de desobediencia.

Petición de documentación

Puntualizan al respecto que "no existe delimitación de personas que, por su condición de cargo público o no, queden al margen de su aplicación, siempre que ese llamamiento se realice en forma legal y bajo apercibimiento". En cuanto al ámbito de actuación, el documento aclara que las comisiones de investigación de Les Corts pueden pedir la comparecencia o información a cargos públicos o funcionarios ajenos a la Generalitat, dentro de "la necesaria cooperación en un Estado compuesto" como el español y pese a que su ámbito de control se limita a la administración autonómica.

Ello es posible porque la convocatoria o petición de documentación a autoridades o funcionarios que no pertenezcan a la Generalitat no implica que se vaya a efectuar un control sobre ellos mismos, explican los letrados de la Cámara. Defienden, en esta línea, que se pueda solicitar documentación de las administraciones del Estado o locales, en aras a "la colaboración y coordinación entre los diferentes componentes del Estado", uno de los principios fundamentales de la Constitución.

La mesa de la comisión de investigación sobre CAM se reunirá el próximo día 2 de mayo, coincidiendo con la fecha fijada para la próxima sesión, con la finalidad adoptar un acuerdo a partir del informe jurídico. Según las mismas fuentes, se votará volver a remitir un escrito a estos comparecientes para notificarles el informe jurídico y advertirles de que si no comparecen "estarán en situación de ser acusados de un delito de desobediencia". Si pese a ello se negaran a comparecer, Les Corts pondrán este hecho en conocimiento de la Fiscalía para que decida si debe actuar.