La Fiscalía Anticorrupción pide prisión para el exconsejero andaluz de Empleo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado esta tarde el ingreso en prisión, como medida cautelar, del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández por su implicación en el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público. Argumenta para ello el riesgo de fuga, la posibilidad de interferir en otros testigos de la investigación y la gravedad de los delitos imputados, dado que solo el delito de malversación supone una pena de 18 años de cárcel.

La medida también ha sido solicitada por el PP y el sindicato Manos Limpias, que ejercen la acusación particular, una vez que el exalto cargo, ante la sorpresa de todos los abogados, se ha llegado a preguntar en su alegato final acerca de "cómo podría yo haber evitado esto". Anticotrrupción también ha solicitado una fianza en concepto de responsabilidad civil de 890 millones de euros. La Junta de Andalucía no ha solicitado prisión y ha pedido la comparecencia semanal de Fernández en los juzgados, así como 68 millones de fianza en concepto de responsabilidad civil

La petición de la Fiscalía se ha producido durante la vistilla que se ha celebrado al concluir los interrogatorios después de cuatro intensas jornadas en las que Fernández ha defendido en todo momento la legalidad del sistema de ayudas promovido por la Junta de Andalucía y ha expresado su desconocimiento acerca de las irregularidades en la concesión de ayudas drectas a empresas, algunas de ellas vacías de contenido, o la inclusión de "intrusos" en algunos de los expedientes pagados con dinero público.

No obstante, durante su intervención final se ha preguntado, "a la vista de las evidencias del procedimiento", acerca de "cómo podría yo haber evitado esto". Y ha hecho hincapié en su posible exceso de confianza con su equipo de subordinados, cuestionándose si en vez de un consejero "impulsor" debía haberse comportado más como un consejero "vigilante" de la gestión de los suyos. Fuentes de su defensa han subrayado que, además del "daño personal" que ya tiene, al exconsejero le causa "gran pesar el daño institucional causado a la Junta y a la propia comunidad autónoma habida cuenta del debate público generado" en torno a esta investigación.

Cargos

La jueza instructora Mercedes Alaya imputó a Fernández el primer día de declaración hasta seis cargos: cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, negociación prohibida a funcionario y fraude en subvenciones. A estos se sumarían otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil en relación a su inclusión en la póliza de prejubilación de una empresa bodeguera del Marco de Jerez para la que ya no trabajaba, de lo que se deduce que era uno de los "intrusos".

Fuentes judiciales explicaron entonces que la instructora considera a Fernández responsable intelectual del convenio que amparó la concesión de ayudas al margen de cualquier control y de forma arbitraria, dado que en 2001 -cuando se firmó- él era viceconsejero de Empleo y presidente del organismo público que las otorgaba, y considera que por tanto era conocedor de que muchas de esas ayudas se daban para uso personal.

En este sentido, la decisión de solicitar su encarcelamiento como medida cautelar se solicita por las partes para impedir que pueda obstaculizar el progreso de la investigación, dado que aún quedan muchos implicados por declarar. Asimismo, fuentes judiciales no descartan que se le imponga además una elevada fianza en concepto de responsabilidad civil. En el caso del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el pasado 9 de marzo, la juez fijó una fianza de 686 millones de euros, una cantidad resultante del cómputo de las ayudas directas y en forma de prejubilaciones que concedió.