La Fiscalía solicita un nuevo juicio por el caso Marta del Castillo

Una sentencia “inadmisible desde los parámetros de la lógica”. Así considera la Fiscalía de Sevilla la reciente sentencia del caso Marta del Castillo, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que anule el fallo y repita el juicio que condenó a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel por la muerte de la adolescente sevillana en enero de 2009 y absolvió al resto de acusados, Samuel Benítez, Javier Delgado y María García.

La petición de la fiscalía se suma a la que ya ha realizado la familia de Marta, que se mostró decepcionada con el fallo y pidió no solo la nulidad del juicio, sino que fuera enjuiciados a la vez los adultos y el entonces menor de edad, Javier García El Cuco. Su letrado pidió también que la nueva vista oral incluye las pruebas que les fueron denegadas.

En el recurso presentado ahora ante el Supremo, el ministerio público se muestra muy crítico con la Sección Séptima de la Audiencia provincial, pese a reconocer que se ha tratado de un proceso de “especial dificultad a causa de las diferentes versiones sobre lo ocurrido y las argucias procesales “para eludir el jurado popular”. Así, no duda en calificar la sentencia de la sala como “gravemente errónea y arbitraria”, y afirma que incluye afirmaciones sobre hechos “imposibles”, de ahí que pida la nulidad del fallo y, sobre todo, que se celebre en otra sala con una nueva composición.

En este sentido, argumenta que la inclusión en el texto de la sentencia de las contradicciones de los acusados convierte en “arbitrarias” las conclusiones de los magistrados, por lo que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. El ministerio público entiende además que también se producen contradicciones entre la secuencia de los hechos que establece este fallo y la que realizó la sala que enjuició al único menor implicado y condenado por encubrimiento, Javier García ‘El Cuco’. “El proceso penal pretende alcanzar un conocimiento de la verdad de lo ocurrido”, asevera, y por tanto, “no se debe consentir la existencia de verdades inverosímiles, contradictorias entre sí o imposibles”. Y menciona en este punto la críptica expresión acerca de que Miguel y El Cuco hicieron desaparecer el cuerpo de Marta “con ayuda de al menos un tercero desconocido”.

Entre otras incongruencias, la fiscalía apunta que la sentencia sitúa el momento del fallecimiento de Marta a las 20,40 horas en el relato de hechos probados, pero en el apartado de fundamentos jurídicos lo fija entre las 21 y las 22.15 horas, periodo en el que los todos los acusados tenían coartadas sólidas, de ahí su absolución. El fallo también da credibilidad a varios testigos pero no tiene en cuenta su declaración para fijar la secuencia de hechos en aspectos como la hora en la que se deshicieron del cuerpo de Marta.

El caso de El Cuco

El ministerio público resalta también como llamativo que la Audiencia falló, en el caso de El Cuco, que en los hechos intervinieron “más personas” además del menor juzgado, y que se deshicieron del cadáver “a una hora no determinada de la madrugada”.

La fiscalía entiende un “sinsentido” mantener un pronunciamiento que “no ha valorado las pruebas con arreglo a las elementales reglas del razonamiento humano”, mas cuando considera que las evidencias “son percibidas de manera natural y sin esfuerzo por cualquiera que se aproxime” a lo ocurrido. Y concreta que “en lugar de resolver sobre la base de las pruebas practicadas, el Tribunal fija su convicción y rechaza las pruebas que se oponen a esa convicción”. “El resultado, obviamente es arbitrario y erróneo, y con ello, la sentencia entera”, abunda.

Este fallo basado en conclusiones ilógicas vulnera “no solo los derechos constitucionales de las partes procesales, sino también los sentimientos de las víctimas”, y entiende que deberá ser una nueva sala quien enjuicie de nuevo el caso y pueda dar “coherencia y racionalidad a su discurso”. También pide que, en caso de que no se repita la vista oral, se amplíe la condena de Miguel Carcaño a otros dos años de cárcel or un delito contra la integridad moral de la familia Del Castillo ante la variedad de versiones ofrecidas sobre el paradero del cuerpo, y le reclama los 616.000 euros en los que fueron tasadas las sucesivas búsquedas en el río, un vertedero y una zanja.