El SUP denuncia irregularidades en las concesiones de la Policía Nacional

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado hoy un nuevo escrito ante el juzgado de instrucción número 26 de Madrid en el que amplía su denuncia sobre presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras y contratos en la Policía Nacional hasta el año 2003. En el escrito, el SUP presenta media docena de documentos en los que se relatan contrataciones supuestamente irregulares de los años 2003 y 2004, que ya fueron denunciadas en su día por el sindicato ante el Consejo de la Policía.

Estas supuestas irregularidades se añaden a la que ya investiga el juzgado de Madrid sobre obras y servicios realizados en el periodo 2010-2011.En concreto, el sindicato señala la compra en 2004 de once robots de desactivación de explosivos para los TEDAX y diversas obras en las comisarías de Manacor, Zamora y Alcalá de Guadaira (Sevilla) durante 2003, en las que los gastos superaron con creces el presupuesto inicial.

El SUP también informa del supuesto uso particular por parte de algunos mandos policiales de vehículos oficiales para sus vacaciones, pagando el gasto de combustible con una tarjeta de crédito a cargo de la Policía. En una de sus contestaciones a estos escritos, la Dirección General de la Policía pedía al SUP que aportara más detalles sobre algunas de sus denuncias, ya que los hechos podrían ser objeto "de responsabilidades penales".

Denuncias previas

Hace aproximadamente un mes, el juzgado de instrucción número 26 de Madrid abrió diligencias previas de investigación por un presunto caso de adjudicaciones irregulares de obras en la Policía Nacional durante los años 2010 y 2011, tras la denuncia interpuesta por la propia Dirección General de la Policía. Estas diligencias tienen su origen en un escrito anónimo recibido por la Intervención Delegada de Hacienda en la que se relataban todo tipo de irregularidades en la adjudicación de obras en el Cuerpo.

El escrito señalaba a varios funcionarios que habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos, manipulados de forma que pudieran concederse "a dedo" a empresas afines. Tras conocerse la apertura de una investigación judicial, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aseguró que su departamento depurará responsabilidades si se confirman esas irregularidades.