Y ETA echó el cierre tras medio siglo de terror

Fue el 20 de octubre. Fue, sin duda, la noticia del 2011 y quizás la noticia más esperada de las últimas décadas en España. ETA anunciaba que echaba el cierre definitivo a una historia negra de 52 años de terrorismo, 829 asesinatos y miles de heridos. Tres encapuchados, supuestamente los tres últimos jefes de la banda, comunicaban a través de un vídeo al mundo el “cese definitivo de la actividad armada” de la organización. Y sin contrapartidas, al menos conocidas.

336 palabras exactas firmaron el epílogo de la última organización terrorista activa en Europa. La noticia fue acogida con alegría por todos los demócratas, pero también con recelo. Ni entonces, ni aún ahora, dos meses y medio después de aquel histórico anuncio, ETA ha hecho un solo movimiento hacia su disolución definitiva y a la entrega de sus arsenales, que aun mantiene bien abastecidos.

El comunicado de ETA, que llegó diez meses y diez días después de que la banda hiciese “permanente” su alto el fuego, tuvo lugar solo unos días después de que la Cumbre de Aiete, una reunión internacional en San Sebastián auspiciada por la izquierda abertzale que puso el puente de plata a la banda terrorista para su esperado anuncio de final definitivo de la violencia.

Si la declaración del 20 de octubre, precedida por el anuncio formal de la izquierda abertzale en el que pedía el cese definitivo a los terrorista, fue un movimiento solo táctico con vistas a las elecciones del 20N (en las que Amaiur obtuvo un resultado histórico con siete diputados en el Congreso) o si realmente es el fin para siempre de ETA, solo el tiempo lo dirá. El hecho cierto es que la banda terrorista aun mantiene, al menos, 114 activistas ‘liberados’ en libertad y las cárceles y unos 700 entre rejas (550 de ellos repartidos por medio centenar de cárceles españolas).

Los presos, tras la declaración del fin definitivo, se han convertido en estos últimos meses en el epicentro del debate. La izquierda abertzale, el PNV y muchos sectores sociales del País Vasco exigen al nuevo Gobierno ‘popular’ gestos hacia el colectivo penitenciario, particularmente el acercamiento de los reclusos y la excarcelación de los presos enfermos o con condenas muy avanzadas.

El nuevo ministro

El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no ha movido ficha y, según todos los analistas, tampoco tiene intención de hacerlo, al menos a corto plazo. La ley está de su parte: la reforma penal de 2003 hace inviable cualquier beneficio penitenciario a los terroristas que no cumplan con cuatro condiciones: renegar de ETA, pedir perdón a las víctimas, colaborar con la justicia y hacer frente a las indemnizaciones. Con este panorama, el acercamiento es la única medida que puede administrar Interior sin necesidad de una reforma legal y el Gobierno no tiene ninguna intención de quemar esa baza con precipitación.

Tampoco Interior tiene ninguna intención de rebajar la presión frente a la banda. Los servicios antiterrorista han seguido actuando tanto en España como en Francia, aunque, es cierto, con detenciones escasas, habida cuenta la absoluta inactividad de los terroristas. También la justicia ha seguido su curso, aparentemente ajena al anuncio del 20 de octubre. En la Audiencia Nacional han seguido los juicios y las condenas.