Así se proyecta el nuevo gobierno económico de la Unión

La zona euro, en primera instancia, y la Unión Europea, en su conjunto, se proponen dejar atrás la crisis de la deuda soberana, una brutal sacudida que aún puede dar al traste con el proyecto del área monetaria común, y quieren hacerlo estrechando vínculos y sometiéndose al control de los unos por los otros. Los planes que alimentan Merkel y Sarkozy, por un lado, junto a la más templada visión del Ejecutivo comunitario, han de tender puentes en el seno del Consejo Europeo para superar las importantes diferencias de criterio que aún persisten entre los socios.

-¿Qué principio se considera irrenunciable?

Las cuentas públicas de los países de la zona euro deben tender al equilibrio, con un endeudamiento limitado en función de su capacidad de generar recursos, pero que no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto. Los países incluirán en su legislación de mayor rango una 'regla de oro' que establecerá el tope de déficit. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea asumirá competencias para vigilar la trasposición de esta medida a las legislaciones nacionales.

-¿En qué situación se encuentra España?

Una vez aprobada por trámite de urgencia la reforma de la Constiución, falta sacar adelante el reglamento donde se concretará la limitación de los 'números rojos' de cada ejercicio y el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene este proyecto entre sus prioridades. España es uno de los países más avanzados: Francia aún no ha implantado la obligación constitucional y no parece que Sarkozy pueda sacarlo adelante antes de las presidenciales de la primavera del próximo año.

-¿Qué castigo se aplicará a los infractores?

El inmediato horizonte propuesto consiste en limitar el techo de déficit al 3% del Producto Interior Bruto en 2013. Merkel y Sarkozy han propuesto penalizar con sanciones automáticas a quienes sobrepasen tanto ese nivel como el rango máximo de deuda, para el que se ha establecido un plazo más largo. Los precedentes no animan a pensar en un máximo rigor a la hora de aplicar esos castigos: París y Berlín incumplieron tales exigencias, ya implantadas en el Tratado de Maastricht que decidió el ingreso en el euro, en varias ocasiones, y hasta estuvieron a punto de ser sancionados por ello en el año 2003, pero la Comisión finalmente les eximió de las obligaciones asumidas. No hay muchas pistas sobre las penalizaciones, salvo la mención que, durante el pasado verano, hizo el eje franco-alemán a la supresión de las transferencias de fondos estrucurales y de cohesión procedentes de recursos comunitarios.

-¿Quién vigilará a los países en el camino hacia la disciplina?

La idea básica es el control de los pares. Los países con déficit excesivos estarían sujetos a que la Comisión Europea y el Eurogrupo puedan revisar sus borradores de Presupuestos y pedir la inclusión de modificaciones si no se ajustan a los compromisos adquiridos con Bruselas.

-¿Por qué se habla de dos ritmos distintos, si se trata de medidas para recuperar cuanto antes la quebrada confianza de los inversores en la Unión Europea?

Las diferencias son de procedimiento, pero pueden alcanzar gran calado. El presidente del Consejo Europeo ha sugerido que, para proceder a una reforma rápida, que llevaría tres meses como máximo, se podrían introducir los cambios relativos al déficit excesivo a través del protocolo 12 anejo al Tratado de Lisboa, lo que requiere una decisión unánime del Consejo de la UE, pero no precisa de la ratificación de los Parlamentos de cada uno de los Estados miembros. Si se optara por un cambio en profundidad -y la opción a modificar los presupuestos nacionales puede exigirlo- se tiene que modificar el artículo 48 del Tratado, que aborda la disciplina presupuestaria, e incluso el artículo 14 del reglamento del Eurogrupo, lo que prolongaría los plazos hasta dos años. Abordar grandes transformaciones tiene un riesgo adicional: el Reino Unido no ha ocultado su intención de aprovechar la posibilidad que se le brinda para desvincularse de proyectos que no comparte, como un eventual gravamen a las transacciones financieras.

-¿Se puede imponer una disciplina fiscal sin armonizar los impuestos?

La propuesta de Francia y Alemania apuesta por una unión tributaria y laboral en la Unión Europea. Por eso, el pasado agosto, Merkel y Sarkozy se plantearon avanzar, ellos solos, hacia similares tasas en el impuesto de Sociedades y en las cotizaciones empresariales. Ahora aseguran que el pacto "está abierto a todos", pero nadie ignora las dificultades que se plantean cuando hay países como Irlanda que han hecho de los bajos tributos un estímulo económico y otros que defienden contra viento y marea la soberanía de su actuación en esos ámbitos y apuestan por potenciar el mercado interior.

-¿Qué mecanismos disuasorios o de rescate se plantean para los países más vulnerables?

El fondo de rescate permanente de la zona euro será el Mecanismo Europeo de Estabilidad, previsto en principio para entrar en vigor en 2013, si bien se podría anticipar su actuación al próximo año. El poder de voto en este organismo está en función de la cuota de cada país en el BCE y a España le corresponde un 11,9% y se piensa en suprimir la exigencia de unanimidad en los acuerdos, de manera que una mayoría reforzada del 85% del voto sea suficiente. Funcionará como una institución crediticia, lo que le permitirá demandar financiación al Banco Central Europeo, y el límite actual de capacidad de actuación, establecido en 500.000 millones de euros, será ampliado. Alemania ha dado marcha atrás en la participación del sector privado en futuros rescates. Merkel impuso una quita bancaria del 50% en el caso de Grecia: ahora la considera una excepción.

- ¿Tiene algún futuro la aspiración de que se creen títulos de deuda europeos respaldados por una garantía común, los denominados 'eurobonos'?

Aunque la Comisión Europea tiene completado el diseño de unos bonos con riesgo compartido, la tajante oposición de Alemania, que disfruta de financiación prácticamente gratuita, parece insuperable. El gobierno germano no acepta tampoco la compra a gran escala de bonos soberanos de los Estados más vulnerables por parte del Banco Central Europeo porque defiende el modelo de una autoridad monetaria volcada a la vigilancia de la estabilidad de precios.