Teddy Bautista, en libertad sin fianza y con cargos

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, así como el director general y el director financiero de la institución, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, respectivamente, han quedado en libertad "con cargos y sin fianza". Según han confirmado fuentes de la SGAE, los tres directivos, detenidos el viernes, en el marco de la operación anticorrupción SAGA, han sido puestos en libertad por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Los tres han abandonado la sede judicial en un coche con las lunas tintadas y sin hacer declaración alguna a los periodistas que esperaban a la puerta de la Audiencia.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, encargado de la investigación, ha tomado declaración esta mañana a Azcoaga, Bautista y Loras. El magistrado les imputa delitos continuados de apropiación indebida que califica como "de especial gravedad atendido el valor de la defraudación" (penado con hasta seis años de prisión) y administración fraudulenta (hasta cuatro años de cárcel). Además, en el caso de Bautista, Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la "negativa o impedimento" a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación.

En su auto, hecho público este domingo, el juez especifica como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de "especial arraigo en España" de los directivos de la SGAE, no considera que exista probabilidad de fuga. Además, Ruz especifica que mantendrá el secreto de sumario sobre la causa durante el tiempo necesario para evitar que se frustre el resultado de la investigación y concreta que al menos se prolongará hasta que declaren todos los detenidos.

El magistrado y el representante de la Fiscalía Anticorrupción José Miguel Alonso, han tomado declaración por la tarde a otros dos de los arrestados, en esta ocasión relacionados con la empresa Microgénesis, su principal accionista, Elena García Pombo, y el empleado Celedonio Martín, que también han sido puestos en libertad en las mismas condiciones que los tres anteriores y tras ser imputados de apropiación indebida y administración fraudulenta. En el caso de Vázquez se añade la imputación de un delito de alzamiento de bienes, penado con hasta cuatro años de cárcel. Vázquez es cuñada del también detenido José Neri, el director general de la filial digital de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)- y a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva. Y Martín es un empleado de la empresa, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE.

Además de estas cinco personas, la Guardia Civil detuvo el viernes a Antonia García, esposa de Neri, y a Eva García y Rafael Ramos, vinculados con Microgénesis. Estos tres pasarán mañana a disposición judicial y prestarán declaración ante el juez Ruz.

Catorce registros

Según se desprende del auto, las pesquisas han conducido a la entrada y registro de catorce domicilios de particulares y empresas, entre ellas la sede de la propia SGAE. Además, ha ordenado el bloqueo de cuentas y la prohibición de disponer de propiedades mobiliarias e inmobiliarias a determinados imputados. Todos ellos fueron detenidos el pasado viernes a raíz de la investigación llevada a cabo desde 2010 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

Esta mañana, tras permanecer en dependencias del Instituto Armado desde la tarde del viernes, fueron trasladados a la Audiencia Nacional donde se sometieron al interrogatorio del juez y del fiscal anticorrupción José Miguel Alonso que, en el caso de Bautista, se prolongó durante casi cuatro horas.

Las diligencias sobre la SGAE arrancaron en marzo de 2010, momento en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, entonces Baltasar Garzón, recibió una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción. A partir de ese momento, Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarrollado una detallada investigación que ha culminado en la detención de nueve personas.