El mandatario venezolano, Hugo Chávez. / Archivo
ley habilitante

La asamblea venezolana otorga poderes especiales a Chávez

El presidente podrá promulgar decretos-ley en diversas materias sin estar sujeto al control del Parlamento durante 18 meses

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La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una Ley Habilitante que otorga poderes especiales por 18 meses al presidente, Hugo Chávez, para que pueda promulgar decretos-ley en diversas materias sin estar sujeto al control del Parlamento.

"Se autoriza al Presidente de la República para que, en Consejo de Ministros, dicte decretos con rango, valor y fuerza de Ley", dice el artículo primero de la ley, cuyo periodo de aplicación se ha ampliado finalmente a año y medio en una sesión extraordinaria de la Asamblea. En el proyecto de ley estaba previsto que los poderes tuvieran una duración de un año, pero la presidenta de la Asamblea, Cilia Flores, propuso ampliarlo en seis meses porque, según dijo, recogió esa necesidad al consultar a grupos de damnificados.

La aprobación, tras la segunda y última discusión, se ha producido con el voto de la mayoría oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el rechazo de la veintena de diputados opositores. La disposición ha salido adelante pocos días antes de que asuma la nueva Asamblea Nacional que fue elegida en septiembre pasado y en la que el 'chavismo' no tendrá mayoría cualificada.

La ley contempla competencias en atención a "las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias"; infraestructura, transporte y servicios; vivienda y hábitat; ordenación territorial, desarrollo integral y del uso de la tierra, así como en el ámbito financiero y tributario. También otorga atribuciones en seguridad, defensa integral, cooperación internacional y "en el ámbito del sistema socioeconómico de la Nación".

Durante las discusiones previas a la votación de la ley los diputados que intervinieron por parte del PSUV argumentaron que Venezuela está en una situación de emergencia y que por lo tanto se necesitan iniciativas extraordinarias para enfrentar con urgencia los problemas generados. Carlos Escarrá, del PSUV, recordó también que en algunos de los gobiernos previos a Chávez también se otorgaron poderes especiales a los presidentes para que pudiesen enfrentar situaciones críticas. La oposición, por su parte, subrayó que no se necesita otorgar poderes casi absolutos al presidente para atender la crisis y que la ley contempla materias que no están relacionadas con la crisis sino con el proyecto político de Chávez. "Esta ley forma parte del paquetazo de leyes que ustedes (el PSUV) están aprobando en diciembre y que nada tienen que ver con la tragedia de las lluvias", dijo durante el debate el opositor Ismael García.

Con la decisión de la Asamblea, Chávez, que ya se benefició de Leyes Habilitantes en tres ocasiones desde que asumió la Presidencia en 1999, tendrá poderes especiales hasta mitad de 2012, año en el que se celebrarán elecciones en diciembre.

Facilidades para las intervenciones bancarias

Previamente, la Asamblea Nacional aprobaba una nueva ley que facilita al Gobierno intervenir las entidades financieras, lo que ha despertado un fuerte rechazo por parte de la oposición que ha tildado esta normativa como "la nacionalización de la banca" venezolana.

La Ley de Instituciones del Sector Bancario era aprobada poco después de las 01.00 horas (06.30 horas en la España peninsular). El artículo 8 de la normativa señala que el jefe de Estado venezolano "en Consejo de Ministros podrá acordar la intervención, liquidación o cualquier otra medida que estime necesaria, sobre las instituciones del sector bancario, así como sobre sus empresas relacionadas o vinculadas". El proyecto promovido por el propio Chávez era aprobado por mayoría absoluta por todos los congresistas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y rechazada por la ínfima representación legislativa que tienen los partidos de oposición.

"Esto representa una nacionalización de la banca", denunciaba al finalizar el debate el diputado del opositor partido Podemos Ismael García. Este nuevo marco legal "deja prácticamente pegado contra la pared y con las manos arriba al sector financiero", insistía.

En menos de dos años han sido intervenidas doce entidades financieras a las que ha acusado de supuestas irregularidades. En mayo de 2009, el Gobierno de Chávez concretó la compra por un importe de 1.050 millones de dólares (750 millones de euros) del Banco de Venezuela, filial del Grupo Santander. Para justificar estas acciones del Gobierno, la ley expone que "la existencia de un marco normativo y regulatorio muy laxo y flexible" provocaron "los problemas financieros de las instituciones bancarias intervenidas" durante 2009 y 2010.