La Audiencia Nacional prohíbe el homenaje a una colaboradora de ETA por constituir una «exaltación» terrorista

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha prohibido el homenaje a la colaboradora etarra Laura Riera convocado este sábado en el barrio barcelónes de Gràcia, al considerar que su celebración supondría la "exaltación del currículo delictivo" de personas "vinculadas a la organización terrorista ETA". Así consta en un auto dictado este viernes en el que el magistrado ordena a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "adopten las medidas necesarias" para evitar la celebración del acto, que conllevaría la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Ruz, que sustituye temporalmente a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha adoptado esta decisión a instancias de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le reclamó el jueves que impidiera la celebración del acto al entender que su única finalidad es "la justificación de las acciones delictivas desarrolladas en nombre de ETA y la adulación pública de quienes las cometen, animando a su mantenimiento".

Los informes policiales solicitados por el juez instructor ponen de manifiesto que Riera fue condenada en mayo de 2004 a nueve años de cárcel por colaborar con el 'comando Barcelona'. El auto judicial sostiene que con este acto convocado durante las fiestas alternativas del barrio barcelonés de Gràcia para celebrar la excarcelación de Riera también se pretendía rendir homenaje a las etarras Dolores López Resina y Marina Bernardó, que actualmente cumplen condena en Francia.

Informadora del 'comando Barcelona'

El departamento de Interior de la Generalitat tomará las medidas pertinentes para "hacer cumplir" la orden del magistrado. El acto de apoyo a Riera, convocado por plataformas alternativas a través de Internet y cartelería bajo el lema 'Benvinguda Laura! (presa política catalana)', se iba a celebrar este sábado a las 19.00 horas en la Plaça Raspall del barrio de Gràcia de Barcelona, donde luego se había previsto una marcha de antorchas para defender la liberación de las "presas políticas".

Laura Riera fue detenida y encarcelada provisionalmente en 2001 por su supuesta colaboración con ETA, acusada de aprovechar su trabajo en el Ayuntamiento de Tarrasa (Barcelona) para facilitar al 'comando Barcelona' el número de matrículas de coches de sus supuestos objetivos. Posteriormente, en mayo de 2004, fue condenada por la Audiencia Nacional a nueve años de cárcel, al igual que a otros dos colaboradores de ETA en Cataluña: Zigor Larredonda y Diego Sánchez, que ya quedaron en libertad en pasado febrero.

Según la sentencia condenatoria, Riera, que trabajaba como auxiliar administrativo en la sección de multas del Ayuntamiento de Tarrasa, entró al menos en doce ocasiones, entre mayo y diciembre de 2000, en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) para obtener el número de matrículas de varios objetivos de ETA, entre ellas la del concejal del PP de Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, que fue asesinado con una bomba-lapa en su vehículo el 14 de diciembre de 2000. Larredonda y Sánchez ya fueron homenajeados en febrero pasado en un acto que el colectivo de apoyo a los presos convocó en las Cocheras de Sants.