El Constitucional aprueba por seis votos a cuatro una sentencia que avala la mayor parte del Estatuto de Cataluña

Los más de tres años de deliberaciones en el Tribunal Constitucional para dictar una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña han llegado a su fin porque ya hay resolución. El pleno ha aprobado una sentencia basada en la ponencia redactada por su presidenta, María Emilia Casas, aunque no ha habido unanimidad. Seis magistrados se han mostrado a favor del texto, que anula catorce artículos de la norma catalana y somete a interpretación otros 23 y cuatro disposiciones adicionales, y cuatro miembros del tribunal han votado en contra. De esta forma el tribunal avala la mayoría de lo impugnado por el PP.

La aprobación de la sentencia en el pleno de este lunes ha sido posible después de que la presidenta del TC, Maria Emilia Casas, introdujera a última hora varias modificaciones en su ponencia con el objeto de atraerse el voto de varios magistrados hasta ahora reticentes a la aprobación del texto. Finalmente, el pleno ha llevado a cabo una votación por bloques: preámbulo -aprobado por seis votos a cuatro-, artículos inconstitucionales -ocho a dos-, artículos constitucionales -seis a cuatro- y artículos sometidos a interpretación -también seis a cuatro-.

Los cuatro magistrados que redactarán votos particulares son Ramón Rodríguez Arribas, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Javier Delgado, todos ellos pertenecientes al sector conservador. Los cambios de última hora introducidos por la presidenta han logrado sumar el respaldo del progresista Manuel Aragón y del conservador Guillermo Jiménez, que han unido sus votos al de la propia Casas y los también progresistas Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala.

El PP presentó su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto el 31 de julio de 2006, hace ya casi cuatro años, aunque el tribunal no comenzó a deliberar sobre el fondo del asunto hasta principios de 2008. Los 'populares' recurrieron el preámbulo, 114 de los 223 artículos del texto y nueve disposiciones adicionales y tres finales. El recurso del PP, que redactaron Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, estaba dirigido principalmente a la definición de Cataluña como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial y la relación bilateral con el Estado.

Lo que anula el tribunal

Entre los artículos declarados inconstitucionales figura el 6.1, que se refiere al catalán como lengua "preferente" de las Administraciones Públicas; el 76.4, que establece el carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias; y el 78.1, que encomienda al Síndic de Greuges la supervisión "con carácter exclusivo" de la actividad de la Generalitat.

Se anulan también los artículos relativos al Consejo de Justicia catalán (97) y a algunas de sus atribuciones (98.2 y 98.3), a su intervención en nombramientos judiciales (95.5 y 95.6) y a la pertenencia al mismo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (99.1), así como al control de sus actos y competencia sobre oposiciones y concursos (100.1, 101.1 y 101.2).

Son inconstitucionales también en todo o en parte los artículos 111 (competencias compartidas), 120.2 (cajas de ahorros), 126.2 (crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de seguridad social), 206.3 (participación en el rendimiento de los tributos estatales y mecanismos de nivelación y solidaridad) y 218.2 (autonomía y competencias financieras).

Mensaje de Montilla a Zapatero

Tras darse a conocer el fallo han llegado las reacciones. La del Gobierno ha sido de las primeras para destacar la legitimidad del texto ahora avalado en su mayor parte. La vicepresidenta primera, en una comparecencia, ha destacado que la sentencia se ha adoptado "sin presiones ni injerencias". Casi al mismo tiempo, el presidente de la Generalitat, José Montilla, leía una declaración institucional con ataques al TC y al PP, impulsor de este recurso hoy resuelto. El jefe del Ejecutivo catalán, indignado, ha destacado que ningún aspecto fundamental del Estatuto ha sido tocado y que los 'populares' no podran truncar "nuestras aspiraciones de autogobierno". "Somos una nación", remarcaba antes de llamar a la movilización ciudadana y de advertir a Zapatero que habrá que rehacer el pacto que posibilitó el Estatuto.

Desde Génova, sede del PP, Soraya Sáenz de Satamaría ha destacado que la sentencia atiende buena parte de las reclamaciones de su partido. También ha reclamado sosiego y moderación en las reacciones. La primera formación en valorar la resolución ha sido CiU, que considera "gravísimo" el fallo. Desde Òmnium Cultural, institución que ya adquirió públicamente el compromiso de convocar una manifestación de protesta contra el fallo hace algunos meses, se ha anunciado que esa convocatoria podría tener lugar el sábado 10 de julio bajo el lema de "Somos una nación. Nosotros decidimos".