Arizona promulga una ley que criminaliza la inmigración ilegal

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha promulgado una ley que convierte en delito la inmigración ilegal en ese estado fronterizo con México y permite a la policía detener a cualquier persona si hay "sospecha razonable" de que es inmigrante ilegal. La opinión del país vecino no se ha hecho esperar: critica la norma y se planteará su relación bilateral.

"Es un arma más para atajar un problema que el Gobierno federal se ha negado resolver", ha dicho la gobernadora, del Partido Republicano, antes de firmar la medida. Brewer ha firmado la ley mientras frente a la sede del Capitolio estatal centenares de manifestantes protestaban por la iniciativa que pocas horas antes el presidente Barack Obama había calificado de "mal encaminada".

La gobernadora ha manifestado que la norma servirá para proteger a todos los residentes del estado, no sólo de la inmigración ilegal sino también de la actividad de los carteles de la droga que operan a través de la frontera con México. También ha prometido que, cuando entre en vigor la ley -lo hará a finales de año-, los que se encarguen de aplicarla no actuarán contra los inmigrantes que residen legalmente en el país. "No habrá medidas de la policía dirigidas contra ciertos sectores étnicos", ha indicado.

Cálculos oficiales señalan que en Arizona viven unos 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales son de origen mexicano. Éste es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California (EEUU). Pero en este paso los indocumentados deben sortear no solo la vigilancia policial sino los peligros del desierto.

Crisis en las relaciones bilaterales

Por su parte, el Gobierno ha anunciado que se planteará la relación que mantiene con Arizona ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes. "La ley (...) afecta a la relación entre Arizona y México y obliga al Gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona", ha destacado la canciller, Patricia Espinosa, a través de una declaración oficial leída ante los medios de comunicación.

Espinosa ha lamentado que los legisladores que han aprobado la ley no hayan tenido en cuenta la "valiosa e inmensa" contribución de los inmigrantes mexicanos a la economía, sociedad y cultura de Arizona y de Estados Unidos. "La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada", ha añadido la canciller, quien ha asegurado que ante una ley que afecta a los derechos humanos de "miles de mexicanos", el Gobierno que preside Felipe Calderón "no puede permanecer indiferente".

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo mexicano ha llevado a cabo "diversas acciones y acercamiento a todos los niveles" para transmitir al Gobierno de Arizona las preocupaciones mexicanas "sin obtener una respuesta positiva de su parte". En la declaración oficial se asegura que México utilizará "todos los recursos a su alcance" para defender los derechos y dignidad de los mexicanos afectados y se adelanta que la embajada de México y los cinco consulados que tiene en ese estado "redoblarán sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica".