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El jueves el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), un proyecto gestionado por la ministra San Segundo, que el viernes salía inexplicablemente del Gobierno. Es una ley que mejora sensiblemente las anteriores y que, por primera vez, compromete la financiación necesaria. Ha salido adelante con el apoyo o abstención de todo el arco parlamentario, salvo el del principal partido de la oposición. Cuenta también con el aval de importantes representantes de la enseñanza concertada. ¿Es una ley consensuada, como habían pedido la mayoría de los españoles (encuestas del CIS) y de los especialistas en temas educativos? Sólo en parte, porque se ha quedado fuera el PP, que representa a cerca de la mitad de los ciudadanos. El PSOE había mandado al Congreso un proyecto ley que daba mayor primacía al sistema público educativo que la ley que se acaba de aprobar. La beneficiaria de estas modificaciones ha sido la enseñanza concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia Católica, que es la principal ganadora de un consenso forzado por la opinión pública y publicada, aunque condicionado también por la manifestación multitudinaria que montó con la ayuda del PP en un momento en que el Gobierno tenía muchos frentes abiertos, en una estrategia de ocupación de la calle que denunciaba hace poco el teólogo Juan José Tamayo.

Para los defensores de la primacía (no de la exclusividad) de la enseñanza pública, lo aprobado es un retroceso, en la medida en que el sistema pierde capacidad para promover la igualdad de oportunidades en una sociedad en la que la educación ha quedado, en la práctica, cómo la única vía para la movilidad social ascendente de los más humildes, que se ven condenados a competir en desventaja, de no existir esta especie de ascensor social jacobino que es una educación pública y gratuita de calidad.

La ley mejora los puntos débiles del sistema educativo: financiación, autonomía de los centros, autoridad de los directores, idiomas e informática, apoyo y refuerzo educativo, escolarización equitativa de los inmigrantes, blindaje de contenidos comunes, refuerzo de las disciplinas básicas etc. La voluntad negociadora del PSOE ha quedado de manifiesto con la renuncia a algunos objetivos, como el permitir, de hecho, la equiparación de las redes pública y privada o la competencia desleal de una enseñanza concertada que no es realmente gratuita, para así atraer al consenso a las fuerzas políticas y sociales, haciendo patente la actitud cerril del PP, predispuesto a no consensuar en aras de la rentabilidad electoral que espera obtener como adalid de la jerarquía eclesiástica.

Y sin embargo, estos cambios podrían aceptarse si la ley hubiera sido firmada por el PP, porque sería el precio a pagar por un bien superior: la estabilidad del sistema educativo, causa de no pocas de las carencias de que adolece. Pero vista su deriva ideológica, es seguro que tendrán preparado el borrador de una nueva ley para cuando ganen de nuevo las elecciones.

Si además los representantes mayoritarios de los centros concertados (FERE) protestan también, a pesar de las muchas concesiones que se les han hecho, es lícito preguntarse si no valía más haberse quedado con el proyecto primitivo, que era mucho más justo, ya que para hacer ver a los ciudadanos la actitud electoralista del PP al respecto, no hacían falta estas alforjas.