El Ayuntamiento de la capital sigue sin cumplir con la normativa de publicar sus contratos y licitaciones.
El Ayuntamiento de la capital sigue sin cumplir con la normativa de publicar sus contratos y licitaciones. - LA VOZ
TRANSPARENCIA

Tres ayuntamientos no cumplen con la Ley de publicación de contratos

Cádiz, San Fernando y Chiclana siguen sin asumir esta obligación legal a pesar de las advertencias de Transparencia Internacional España

CÁDIZActualizado:

La organización Transparencia Internacional España, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP) ha vuelto a realizar un nuevo análisis del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas del país de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Se trata de un lugar común de publicidad de los contratos a nivel nacional donde ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamentos, diputaciones provinciales y universidades públicas deben de registrar estos contratos en función de lo establecido en la Ley 20/2013 de garantía de la unidad del mercado.

Este estudio está fechado en octubre de este año y es el segundo que se lleva a cabo en 2017 ya que el anterior se hizo público en el mes de mayo.

Como resultado de este análisis, se pone de manifiesto en niveles generales que existe una cierta mejoría respecto a algunas instituciones aunque el nivel de incumplimiento sigue siendo «alto y preocupante».

En concreto, en la provincia de Cádiz se ha analizado a seis ayuntamientos de los cuales tres de ellos suspenden volviendo a incumplir la normativa. El primero de ellos el de Cádiz, gobernado por Podemos y Ganar Cádiz, seguido de Chiclana y San Fernando, ambos con alcaldes socialistas.

Por su parte, los consistorios de Algeciras, gobernado por el Partido Popular; Jerez de la Frontera, por el PSOE; y El Puerto de Santa María, también liderado por los socialistas; sí que han respetado esta obligación legal de publicar sus contratos.

Este es el cuarto análisis que se hace al respecto ya que, además de los realizados en este 2017, el pasado año 2016 se llevaron a cabo otros dos en los meses de enero y julio. Al igual que en los anteriores, en este último informe se han analizado un total de 110 ayuntamientos, de los cuales un total de 61 (el 55,4%) sí que han cumplido con la Ley. Se ha producido por tanto un ligero aumento respecto al mes de mayo, en la que lo superaron un total de 56 corporaciones locales (51%). En enero de 2016 fueron 29 (26%) y en julio de ese mismo año 33 (30%), por lo que la tendencia es al alza.

Unas cifras «inaceptables»

Para Transparencia Internacional esta cifra sigue siendo aún «abultada e inaceptable», por lo que sigue instando a que todas las instituciones públicas cumplan «en el menor breve plazo posible» esta obligación legal de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país.

Esta organización defiende que es necesario «en aras a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de competencia y de la eficiencia económica global».

El estudio pretende que los contratos queden registrados y centralizados en esta plataforma para facilitar el acceso de cualquier ciudadano o entidad a un contrato público.

Sobre las consecuencias que puede tener en un futuro el reiterado incumplimento de esta normativa está la posibilidad de que estos contratos pudieran considerarse nulos.

La intención de Transparencia Internacional España es llevar a cabo dos estudios al año con el objetivo de que las entidades públicas vayan aumentando el nivel de cumplimiento.

Esta organización también ha analizado a las comunidades autónomas, cuya cifra de cumplimiento ha ido en aumento. De 3 en enero de 2016 han pasado a ser 13 (de las 17 que hay en total) las que han asumido esta obligación de publicar los contratos y licitaciones, es decir, un 76%.

Por otro lado, en lo que se refiere a los parlamentos, donde se incluyen el Congreso y el Senado y los 17 parlamentos autonómicos, menos de la mitad lo cumplen, es decir, un total de 9, que supone un 47%.

En cuanto a las diputaciones provinciales, de las 45 que existen en todo el país, un total de 33 (73%) sí que han cumplido la Ley y, respecto a las universidades públicas, 40 han respetado la norma (un 78%).

Diputación y UCA sí que han asumido esta obligación

Además de los tres ayuntamientos de Cádiz que sí que han respetado la normativa: Algeciras, Jerez y El Puerto de Santa María, en la provincia también han asumido esta obligación tanto la Diputación de Cádiz como la Universidad.

En este último caso, la UCA, en los cuatro análisis que Transparencia Internacional ha realizado en estos dos años, ha tenido una respuesta positiva. Esta institución asume su responsabilidad de publicar en la plataforma de contratación del sector público cumpliendo así con lo establecido en la Ley.

Asimismo, el nivel de cumplimiento de la Diputación provincial de Cádiz es óptimo, al igual que sucede con las de Málaga, Almería, Jaén y Córdoba y a diferencia de Sevilla, Huelva y Granada.