La reforma de los recelos

Los grupos políticos representados en la Diputación de Cádiz han aportado hoy su granito de arena al debate nacional sobre la reforma de la ley electoral y lo han hecho con varias propuestas que han suscitado una agria polémica durante el pleno de septiembre, celebrado esta mañana. No han faltado los reproches y el acuerdo ha sido imposible. El equipo de Gobierno provincial, liderado por el PP, ha elevado una propuesta para que se modifiquen algunos artículos de la actual normativa electoral con el fin de que se garantice la voluntad de la mayoría. El objetivo que persigue el Gobierno de la Nación con esta reforma no es otro que el que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos y se acabe de esta forma con los pactos entre perdedores que acaban alzándose con el poder.

El diputado popular Antonio Saldaña ha sido quien ha defendido esta mañana la propuesta del PP gaditano de apoyar las tesis del Gobierno de Rajoy. Sin embargo, ha chocado de frente con los portavoces de PSOE, IU y Foro Ciudadano. Saldaña ha dejado muy claro en su intervención que la reforma garantiza la estabilidad municipal y refuerza, al mismo tiempo, la legitimidad popular. Saldaña ha usado la hemeroteca para recordar que esta reforma no es nueva y ha recordado que el PSOE ya lo intentó en 1998 y lo planteó en su programa electoral de las elecciones generales de 2004, aunque nunca lo llevó a efecto.

Por su parte, el resto de partidos que integran la Diputación de Cádiz han mostrado su rechazo a los planteamientos del PP y consideran que se trata de un debate que no tiene cabida en estos momentos porque, como sostiene la portavoz del PSOE, Irene García, «no existe un clamor popular que lo demande». Los socialistas han contraatacado con una propuesta en la que rechazan los cambios que pretende introducir el Gobierno de la Nación en la ley electoral alegando para ello «que no se puede emprender una reforma de este calado a nueve meses de las elecciones municipales y sin consenso político». La portavoz socialista en la Diputación, Irene García, sospecha que las prisas del PP por modificar la norma obedece más a los temores del partido ante los resultados que pueda obtener en los comicios municipales del próximo mayo. En su opinión, «todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es lo que impulsa al Gobierno a llevar a cabo esta reforma».

Desde la bancada de IU se ha puesto de manifiesto la necesidad de diálogo para modificar la ley y son favorables a retomar este asunto tras la celebración de las municipales de mayo. En este sentido, la representante del Foro Ciudadano, Rocío Montero, ha señalado que se trata de un cambio anticonstitucional, al tiempo que ha exigido la retirada del anteproyecto de reforma.

Considera que hay intereses partidistas por parte del PP para sacar adelante la reforma antes de la próxima primavera. Las propuestas de la oposición han sido rechazadas por el PP, que ha logrado sacar en solitario su iniciativa de apoyar al Gobierno de la Nación en este cometido.