Detenidos dos falsos técnicos por estafar a varias personas en Cadiz tras revisarles la instalación de gas

La Policía Nacional han detenido a D.R.G. y J.A.C.V. como presuntos autores un delito continuado de estafa tras realizar varias revisiones en las instalaciones de gas y reparando en algunos casos supuestas deficiencias cobrando al contado precios abusivos muy superiores a lo estipulado en el mercado.

La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las continuas estafas denunciadas por varios ciudadanos que daban cuenta de cómo dos supuestos operarios se personaban en los domicilios de las victimas alegando ser técnicos del gas notificando que debían realizar una urgente y obligatoria revisión de la instalación de gas. Si el propietario se negaba o presentaba alguna reticencia no dudaban en coaccionarlo e intimidarlo, indicándole los graves perjuicios que le ocasionaría no acceder a la revisión, amenazando con el corte del suministro o con el grave riesgo para las personas del inmueble ante una hipotética fuga de gas. Ya en el interior de las viviendas realizaban revisiones innecesarias y en muchas ocasiones informaban a la víctima de que habían detectado graves deficiencias en la instalación, manipulando sin necesidad la instalación para, sin presupuesto previo, cobrar a los propietarios precios desorbitados y abusivos absolutamente fuera de los precios de mercado con cantidades que oscilaban entre los 150 y los 400 euros.

Los supuestos operarios del Servicio Técnico del Gas acudían a los domicilios sin haber sido previamente requeridos, eligiendo como víctimas personas mayores personas especialmente vulnerables que vivían solas, que valiéndose de engaños y diferentes ardides con los que intimidaban a las victimas con supuestos peligros de explosión por fugas en la instalación de gas. También los operarios amedrentaban a sus victimas con la posible sanción administrativa por no cumplir con los plazos de la revisión obligatoria de la instalación de gas por una empresa autorizada, amenazando con cortarles el suministro de gas o proponiéndolos para una sanción con importantes multas.

Además del perjuicio económico causado, los operarios, carentes de la habilitación de instalador emitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, generaban también situaciones de riesgo en las viviendas a las que acudían debido a la burda manipulación de las instalaciones. Para intentar justificar el precio de la supuesta revisión, llegaban incluso a cortar las gomas canalizadoras del gas, con el riesgo de explosión que ello conlleva.