Justicia plantea una actuación general sobre el robo de bebés

El Ministerio de Justicia ha pedido a la Fiscalía General del Estado que estudie las posibilidades legales para que abra una instrucción general que permita tramitar todas las denuncias sobre los supuestos casos de bebés robados. El departamento de Alberto Ruiz-Gallardón ha tomado la iniciativa después de reunirse con las diferentes asociaciones de afectados, quienes le trasmitieron su pesar por el archivo masivo de los casos. En la actualidad son las Fiscalías Provinciales quienes se ocupan de la tramitación de medio millar de denuncias, después de que la anterior Fiscalía General viera inviable su investigación conjunta por su extrema complejidad.

La decisión de Justicia atiende a su interés por darle un impulso para esclarecer los casos de bebés robados, tanto en la vía administrativa como en la judicial. Es este último caso el ministerio plantea ahora la posibilidad de que las denuncias vuelvan a la Fiscalía General para "establecer unas pautas conjuntas de investigación y faciliten la unidad de criterio". La razón que alegan los afectados es que se aplican argumentos distintos dependiendo de la provincia, pese a que una circulación interna del Ministerio Público estableció que había que llegar hasta el final en las investigaciones prejudiciales.

En un 80% de los casos los fiscales alegan que el material probatorio es endeble o que no existe delito, por lo que deciden archivar las denuncias. En otras ocasiones, la discrepancia jurídica llega por el tipo delictivo investigado, si se trata de detención ilegal, secuestro, suposición de parto o falsedad documental y si la responsabilidad penal de los autores aún viven se ha extinguido o continúa vigente.

Fuentes ministeriales señalaron que el informe de la Fiscalía General, dirigida por Eduardo Torres-Dulce, estará listo antes de que se vuelvan a reunir la delegación del Ministerio de Justicia y los afectados por las adopciones irregulares, una cita prevista para mediados de abril. En todo caso, se descarta la posibilidad de crear una Fiscalía especializada para este fin.

ADN

Justicia también pondrá en marcha protocolos con el Ministerio de Sanidad para permitir que los demandantes accedan a los registros y ha pedido a la Agencia de Protección de Datos le que informe sobre las posibilidades legales para acceder a información reservada.

Más complicado es el acuerdo con el Instituto Nacional de Toxicología para que éste realice de forma gratuita las pruebas de ADN a los afectados. La razón no es otra que la falta de presupuesto para esta partida. No obstante, el Partido Popular ha presentado una enmienda en la Comisión de Justicia del Congreso para que Toxicología realice la prueba genética si así lo reclama un juez.