fallo judicial

El juez desestima la demanda del Cabildo contra Monumentos Alavista

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El litigio entre el Cabildo de la Catedral de Cádiz y Monumentos Alavista, empresa que gestiona la explotación de la Torre de Poniente, parece haber llegado a su fin. Después de que el pasado mes de julio ambas partes se vieran la cara en el juicio, tras la denuncia de la Iglesia de deficiencias en la explotación del monumento, el juez por fin ha dictado sentencia.

El fallo judicial, emitido el pasado 11 de octubre, ha desestimado la demanda de la Iglesia y ha dado la razón a la empresa que dirige Germán Garbarino, aunque el Cabildo ya ha anunciado que interpondrá un recurso.

Monumentos Alavista, responsable de la explotación de diversos monumentos y yacimientos arqueológicos como la Casa de Obispo, siempre se defendió al asegurar que el contrato de explotación era de carácter indefinido, no de tres años como siempre ha alegado el Cabildo catedralicio.

Según Germán Garbarino, la cláusula contractual afirma que «cuando el contrato no es revisado por ninguna de las dos partes una vez finalizado, se entiende prorrogado de forma indefinida».

Ahora el magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 1 le ha dado la razón. «Al parecer hay jurisprudencia que dice que nada puede ser indefinido, pero si el contrato está a nombre de una empresa mercantil este se entiende prorrogado por treinta años. Entonces, el nuestro se entendería ampliado hasta 2036», explicaba ayer a LA VOZ Garbarino.

A pesar del fallo, Monumentos Alavista busca llegar a un acuerdo con el Cabildo, aunque el empresario asegura que aún no han recibido respuesta. Por el momento, sólo espera la resolución al recurso que interponga la Iglesia.

El pasado verano Garbarino resumía que la causa del litigio no era otra que la intención de la Iglesia de arrebatar la concesión de la Torre de Poniente a su empresa, para que fuera otorgada a otra «más grande», que estaría detrás de la explotación de los monumentos eclesiásticos.

En cuanto al auto del pasado 3 de mayo de 2011, que obligaba a Monumentos Alavista a pagar más de cien mil euros a la Iglesia por deficiencias en la explotación del monumento gaditano, Garbarino afirma que «la deuda está ya está sufragada», un desembolso que según él ha dejado a la empresa en «una situación grave».