Roseworld niega relaciones previas con el Ayuntamiento de La Línea

El administrador de Roseworld, Anil Takhurdas ha negado hoy la existencia de relaciones previas con el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, en el juicio por el caso Rosewold, en el que está imputado junto con el exalcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez (PP) y otras once personas.

El juicio responde a la denuncia interpuesta por José Carrión, ex policía local, por la venta de cuatro parcelas municipales a Roseworld en 2005.

El Ministerio Fiscal ha solicitado para el exregidor penas de cuatro años de prisión, ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público y multa de 500.000 euros por prevaricación y cohecho.

La acusación considera que existen indicios de "irregularidades" en la exclusión de la empresa Promaga del concurso de adjudicación de terrenos y que pudo haber contactos previos con miembros del Ayuntamiento para garantizar la compraventa de las parcelas.

Takhurdas ha declarado que conoció el concurso a través del Boletín Oficial de la Provincia y ha insistido en que Roseworld fue constituida "años antes" y que formaba parte de su grupo de empresas.

La oferta de la compañía consistía en abonar al Ayuntamiento 12.250.000 euros y un local de 50 metros cuadrados a cambio de las parcelas.

La compañía enajenó los terrenos a Abetzúa -del grupo inmobiliario Lábalos- en 2007 porque, según Takhurdas, "la Junta de Andalucía no aprobó el plan urbanístico provisional" que afectaba al suelo.

Takhurdas ha reconocido que abonó 1,7 millones de euros al excoordinador de Urbanismo y de Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Ruiz Calama, pero ha subrayado que fue el pago por una finca que compró en 2004 a Líneatrans, la empresa familiar de Ruiz Calama.

El administrador de Abetzúa, Rafael de los Reyes, también imputado, ha negado estar relacionado con los integrantes de la mesa de contratación y concejales acusados en el juicio.

De los Reyes ha aclarado que informó por escrito al consistorio de que compraría las parcela para evitar así la condición resolutoria establecida en el contrato de compraventa a Roseworld para el caso de que no pagara.

Por su parte Francisco Montero, también imputado y que presidió como concejal la primera de las mesas de contratación del proceso de adjudicación a Roseworld, ha señalado que la mesa "se limita a analizar si las licitaciones cumplen las condiciones".

Ha apuntado que, a pesar de que el capital social de Roseworld era de 3.006 euros en el momento de presentarse al concurso, "la declaración jurada de solvencia que presentó es uno de los medios de prueba que establece la ley".