La obra del Portillo lleva ocho meses parada

El pabellón Portillo no está derribado por completo. Pese al anuncio de que la demolición había terminado, faltan unas pocas vigas que no se han tocado para no dañar una vivienda situada en una esquina. El problema es doble: el Consistorio no tiene esa propiedad cedida (que forma parte de la manzana del pabellón) y además está habitada. Y el resultado es que la obra lleva ocho meses parada.

Toda esta historia arranca de varios años atrás. Hace 28 años, Salvador Iglesias López, un trabajador de la Diputación, sufrió un incendio en su vivienda de la calle Bendición de Dios. La Diputación le cedió entonces la casa del portero del pabellón Portillo cuando estas instalaciones estaban adscritas a la institución provincial. La cesión fue temporal y nunca se hizo un contrato, por lo que este hombre habita la casa desde hace casi tres décadas.

Al ceder el pabellón al Ayuntamiento, en la época de Carlos Díaz, la vivienda -anexa a la instalación- no entra en las escrituras, por lo que sigue perteneciendo a Diputación.

La concejal Marta Meléndez acusa al Ayuntamiento de «desorganización» porque asegura que no conocían esa situación y se la encontraron cuando ya estaba en marcha la labor de derribo. Una opinión que corrobora el ocupante de esa vivienda, que apunta que tuvo que salir a decirle a los obreros que no siguieran con los derribos porque iban a afectar a la casa.

Un responsable de la empresa chiclanera que se hizo cargo de la demolición lo niega y puntualiza que la obra, como es de rigor, tiene una dirección facultativa que estaba al corriente de que esa parte no se podía tocar. «De hecho, hubo vigas que las dejamos ahí para no hacer peligrar la vivienda», relata.

Lo cierto es que el derribo terminó hace cerca de ocho meses y aún están esas vigas en pie porque la familia sigue habitando el inmueble, de dos plantas y con salida a la calle Brunete.

Fuentes del Ayuntamiento explicaron que los técnicos de ambas administraciones se han reunido para la cesión definitiva del resto del inmueble, algo en lo que están de acuerdo los responsables de la Diputación. El compromiso, por parte municipal, fue buscarle otra casa al trabajador de Diputación, a pesar de que el contrato está en precario. Hasta el momento se le ha ofrecido una que él ha rechazado, algo que corroboró el propio afectado, que ha contratado a una abogada para velar por sus intereses. Para el Ayuntamiento, la opción que queda ahora es que él mismo busque una vivienda y se negocie el alquiler, pero Salvador asegura que no puede pagar una renta «tal y como están los alquileres en Cádiz, porque yo cobro 1.600 euros y mi mujer no trabaja» y además «no quiero que me echen a los pocos años; quiero un piso donde pueda vivir hasta que me muera y luego mis hijos», manifestó.

Iglesias, que trabaja en la Diputación desde hace 37 años, se encarga de llevar la correspondencia y los documentos en moto. Vive en esa casa con su mujer y sus tres hijos y asegura que la abogada que ha contratado le ha dicho que «no me mueva de ahí, que después de tantos años tengo todos los derechos sobre la vivienda».

A la espera de una solución está la empresa que ganó el concurso para construir el nuevo pabellón Portillo y el aparcamiento subterráneo. Miguel Reiné, uno de los propietarios de la constructora San Miguel, así lo confirmó.

Las instalaciones dejaron de funcionar hace justo un año y el derribo comenzó en el otoño.

Para la concejal socialista Marta Meléndez, lo más preocupante es que la historia del pabellón del casco antiguo, que se tardó en construir más de ocho años, «se repita aquí con el Portillo».