El archivo de expedientes urbanísticos en Chiclana pudo ser «intencionado»

El informe final sobre la auditoría realizada a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana, encargada por el anterior Gobierno local cuatripartito, adquiere estos días especial interés, ya que se trata de una de las pruebas aportadas por el Partido Popular en su denuncia contra el actual alcalde, José María Román, y varios dirigentes y ex responsables del Consistorio, algunos de ellos vinculados actualmente a la Junta, por el archivo masivo de expedientes entre 2005 y 2007.

Sus conclusiones genéricas fueron difundidas por el anterior regidor del PP, Ernesto Marín, cuando en octubre concluyeron los auditores su trabajo. Pero este periódico ha tenido acceso al contenido íntegro de un documento, cuyas aseveraciones acerca del «nulo» control de la disciplina urbanística en el municipio chiclanero son muy duras. Los propios auditores dejan plasmado en el papel la existencia de indicios «de cierta intencionalidad» en la falta de resolución de unos expedientes, que deberían castigar la construcción al margen de la ley. De ahí que recomiendan que esta información sea puesta en manos de la Justicia para que depure responsabilidades penales.

A día de hoy es el fiscal de Medio Ambiente quien trabaja en unas diligencias informativas, que aún no se ha traducido en una denuncia formal contra siete responsables políticos del Ayuntamiento ante los juzgados. El último capítulo conocido de este asunto fue difundido por este medio días atrás, al conocerse que José María Román, el ex alcalde socialista y actual director general de Deportes de la Junta, Manuel Jiménez Barrios o el ex gerente de Urbanismo y antiguo delegado provincial de Obras Públicas, Alfonso López Almagro, entre otros, habían declarado como imputados en la Comandancia de la Guardia Civil.

El 16 de septiembre del año pasado, el Gobierno local encargó al despacho Yrigoyen Abogados y Urbanistas un estudio pormenorizado con el fin de «evaluar la implantación de un sistema eficaz de gestión» en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), dentro de su departamento de disciplina urbanística. La elaboración de dicho informe concluyó en octubre.

500 horas de trabajo

El equipo de seis auditores empleó 500 horas de trabajo en la dos fases de la investigación: un trabajo previo de campo y lo que supuso la auditoría propiamente dicha. El objeto del estudio fue la totalidad de los expedientes abiertos en 2005 y 2006 y una muestra aleatoria de los que se denunciaron en 2007 y 2008; siguiendo esta muestra criterios de los auditores «sin que se hayan realizado recomendaciones por parte de la GMU», explica el informe. En total, fueron revisados 1.050 expedientes, de los cuales «tan sólo constan ejecutados cinco hasta el año 2007 y tres en ejecución en 2008. Ocho procedimientos completamente ejecutados», suponen «un desolador 0,76% del total».

Los auditores no se muerden la lengua a la hora de criticar duramente el trabajo realizado por la GMU, a la que culpan de no haber «cumplido con su obligación de resolver». Aunque la conclusión más rotunda que guarda este informe requiere su trascripción íntegra: «Con carácter general podemos concluir que la labor de seguimiento y represión de las infracciones urbanísticas ha sido escasa, casi nula, en los años 2005 a 2007, años en los que, con toda crudeza, podemos afirmar que en Chiclana no ha existido la disciplina urbanística».

Varios son los aspectos que les llama la atención: la falta de denuncias ante la Fiscalía o los juzgados por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, pese a existir una elevada incidencia de expedientes por edificaciones sobre suelos no urbanizables (51 en 2005 y 38 en 2006), de los cuales hay algunas que se asientan en zonas verdes, de equipamiento, sobre el dominio público o en suelos de especial protección, prácticas que tienen un reproche legal en el Código Penal. Esta inactividad, los auditores la definen como: «algo sorprendente, máxime cuando sí hemos detectado una gran actividad en la comunicación, vía denuncia, de presuntos delitos de falsedad en documento público, tristemente famosos en la localidad». De esta manera hace mención a los casos de obra nueva sobre los que actuó por primera vez la Guardia Civil en 2007.

Los reincidentes

El trabajo de campo antes aludido en el informe permitió detectar cómo había una serie de personas que acumulaban expedientes, que nunca eran ejecutados. Son los denominados reincidentes, a los que le dedican un capítulo íntegro, por considerar que estaban actuando de manera impune al no recaer en ellos ninguna sanción. En la auditoría son identificados por letras y se reserva sus identidades -se trata de particulares y sociedades- en aplicación de la normativa de protección de datos. Entre los casos mencionados, se cita el de una persona que sumó siete expedientes en 2005 y otros dos al año siguiente, y ninguno fue resuelto; o el de otro particular que llegó a acumular seis en 2005 y uno más en 2006 sin que fuera finalmente sancionado. Ante esta situación, los auditores lanzan una recomendación: «Entendemos necesario se realice un análisis exhaustivo sobre las particulares causas que producen una inactividad en casos de reincidencia tan flagrante como los anteriormente referidos para obtener, acaso, una explicación lógica a este fenómeno, sin la cual podrían resultar sospechosa esta absoluta, y por otro lado crónica, falta de diligencia».

Ésta no es la única recomendación, la auditoría concluye con una batería de propuestas para rebajar las altas cotas de hasta el 70% en la no ejecución de sanciones por infracciones urbanísticas. Estas recomendaciones pasan por un refuerzo de personal en la Gerencia de Urbanismo, el establecimiento de un programa informático que alerte de los vencimientos de plazos en cada trámite o la mejora del sistema de notificación, ya que también constataron que es en ese momento del proceso sancionador donde «finalizan la práctica totalidad de los expedientes». Según los abogados, los expedientes presentaban un retraso considerable en la notificación al infractor, en el caso de que le fuera notificada, invirtiendo hasta tres meses en el primer intento de aviso en el domicilio o casi seis en la notificación por la vía del edicto.

stubio@lavozdigital.es