Empleados de Bomberos O85 de Cádiz denuncian la «precariedad laboral» del servicio

Es un servicio de esos en los que hay que hacer de tripas corazón para no quedarse con los dramas que se viven al otro lado del teléfono. Más bien, todo lo contrario, mejor quedarse con la satisfacción de haber ayudado a esa persona que llama alarmada por un incendio, una inundación o un accidente. Porque el que descuelga el teléfono es una persona que trabaja en el servicio 085 de los bomberos e intenta resolver los problemas con la mayor diligencia, otra cosa es que lo consigan.

Porque en la provincia de Cádiz son 14 los empleados encargados de atender las llamadas y, al parecer, tienen más de un problema por poder desarrollar su trabajo. Al menos así lo asegura el sindicato CSIF que denuncia la precariedad laboral que sufren y los incumplimientos del pliego de condiciones y del convenio de trabajadoras que realiza la subcontrata del servicio.

Así lo asegura sin ambages el delegado sindical del 085, Manuel Tizón que garantiza que de los 15 puntos que recoge el pliego de condiciones que debe regular su actividad, «se incumplen al menos ocho». Tizón dirige el dedo acusador hacia la subcontrata del servicio, Qualytel Arvato. Sin embargo, se muestra especialmente duro con el Consorcio de Bomberos, al que acusa de mostrar «una clara permisividad con la empresa».

De hecho, Francisco Páez, del Sindicato de Bomberos de Cádiz corrobora las palabras de Tizón, pese a que la labor de los telefonistas no depende directamente de su sindicato. Desde hace meses, el SBC denuncia reiterados recortes en el servicio que afectan tanto a los bomberos como al personal de administración, todos ellos funcionarios o personal laboral. Ahora, los empleados del 085, dependientes de la subcontrata, hablan de problemas que también ponen «en riesgo la calidad del servicio».

Razón en los juzgados

De hecho, la Justicia dio recientemente la razón al sindicalista cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró probado que el cese de una operadora de la sala fue en represalia por su actividad sindical en la empresa. Así, consideró que la empresa había «falseado los motivos» y le obligó a volverla a contratar. Después de esta sentencia «poco ha cambiado en las condiciones laborales», reconoce Tizón.

Tanto es así, que el empleado habla de material deteriorado y defectuoso. Es el caso de las sillas, «que originan problemas constantes de lumbalgia». Apunta también al deterioro de ordenadores, teclados o radios. «Los ordenadores tienen sistemas operativos tan obsoletos que ya ni tienen actualizaciones posibles», explica Tizón. Eso les origina problemas para dar indicaciones de orientación a los bomberos.

Igualmente, Tizón deja claro que el riesgo de que las líneas se colapsen es alto: «En las próximas inundaciones pasará, los equipos se caerán». Todo ello, cuando el pliego de condiciones marca un coste anual «de 25.000 euros en mantenimiento», sin embargo lo único que se hace es parchear». Tizón se pregunta porqué se da esa circunstancia pese a que el Consorcio paga «1,5 millones de euros más IVA cada cuatro años por la concesión del servicio».

De hecho, ese importe debería destinarse también a uniformes, pese a que «no se dan» o a formación, «pese a que ésta no es suficiente». En lo que se refiere a las condiciones laborales, el sindicalista reconoce que «no se ha mejorado nada desde el caso de la compañera despedida» y que «se incumple reiteradamente el convenio de telemarketing». En el caso de los refuerzos de plantilla por necesidades puntuales, fijados en el pliego de condiciones, se realiza «con personal de la bolsa, con lo cual no está experimentado en dar el servicio».

Ante toda esta situación, Tizón se plantea dónde está el Consorcio de Bomberos. «Todo esto ocurre con dinero público, no privado. El Consorcio no debe tener esta permisibilidad y debe fiscalizar más el servicio y el dinero que destina a él», reconoce Tizón. Y su denuncia llega justo en un momento clave: cuando la entidad pública se enfrenta al relevo de poder del presidente y a la aplicación de la Ley de Transparencia que parece que le obligará a realizar cambios en su gestión. El tiempo dirá.