'caso rilco'

Rodríguez de Castro dice que su orden de busca y captura es «una indefensión»

Asegura que no le han notificado «ningún plazo voluntario» para presentarse «en ninguna parte»

la voz
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El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, ha afirmado en un comunicado que la Audiencia Provincial de Cádiz no le ha notificado «ningún plazo voluntario» para presentarse «en ninguna parte» por lo que considera «una indefensión» que se dicte contra él una orden de detención.

En un comunicado remitido a EFE, Rodríguez de Castro denuncia «indefensión y la conculcación» de sus «derechos fundamentales» por el hecho de que la Audiencia Provincial de Cádiz haya cursado una orden para localizarle, detenerle y encarcelarle para que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 8 años de prisión por fraude y malversación en la puesta en marcha de un portal de comercio electrónico Rilco.

Aunque la orden, que se ha trasladado a todas las fuerzas de seguridad del estado y del ámbito policial internacional, fue cursada el pasado 24 de marzo, un día después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, su existencia se ha hecho pública a través de la prensa esta mañana.

En su comunicado, Rodríguez de Castro, que fue delegado de la Zona Franca de Cádiz entre los años 1996 y 2001, durante el gobierno del PP, dice que vive en España y señala que ha tenido conocimiento de esta orden «a través de los medios de comunicación».

«La persecución política contra mí está alcanzando los mismos o peores niveles que la que existe contra Rodrigo Rato», señala Rodríguez de Castro, que apunta que ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo y «por lo tanto no es definitiva».

«Exijo respeto para mis decisiones judiciales. Yo tomo mis riesgos, hagan lo mismo mis enemigos con los suyos», dicen tras defender que Rilco «existió, funcionó y fue destruido» y apuntar que «nadie ha podido demostrar que yo me llevase ni un euro a mi bolsillo porque sencillamente es mentira».

Se considera «el chivo expiatorio de la incapacidad de gestionar la Zona Franca de Cádiz y Rilco» por sus «sucesores, presididos por Teófila Martínez, quien siempre supo todo lo que se hacía en Rilco» al igual que, entre otros, «los Ministerios de Hacienda e Industria».

«Vivo en España, como cualquier ciudadano, angustiado por el nivel de corrupción y degeneración política de las instituciones y sus representantes y funcionarios. La corrupción nunca estuvo en el Caso Rilco. Yo les diré donde deben buscarla, cuando llegue el momento», dice en el comunicado.

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