¿Qué pasó con la operación Halcón?

La Agencia Tributaria saca a la luz 42 millones ocultos en la economía sumergida gaditana durante el ejercicio de 2013. En 2014, el fisco recupera 13 millones de euros en una primera batida contra el fraude fiscal… Esto son solo algunos de los titulares en prensa acerca del intenso trabajo que la Agencia Tributaria realiza con especial ahínco desde que estallara la crisis, cayera en picado la recaudación y aumentara con la misma intensidad la necesidad de liquidez en el país.

Pero la identificación de una bolsa de fraude y su correspondiente reclamación, no viene acompañada siempre del reembolso efectivo y rápido del dinero reclamado a los defraudadores. Un ejemplo claro, sonrojante por el tiempo transcurrido, tiene que ver con la trama asentada en la Sierra de Cádiz y liderada por el conocido Carlos Carretero.

El agujero que ocasionaron a las arcas públicas a través de la defraudación de cuotas del IVA y del Impuesto de Sociedades es de 7,6 millones de euros, según cifra la Fiscalía de Cádiz. Una cantidad que debe devolverse al fisco y que lleva esperando hace más de diez años, desde que comenzaran a escribirse las primeras líneas en los atestados de la 'operación Halcón'.

En 2005, el entonces juez decano de los juzgados de Jerez, Juan José Parra, abría diligencias por un supuesto fraude muy extendido en la comarca de la Sierra de Cádiz. La Agencia Tributaria había descubierto un gran negocio que se mueve exclusivamente en la economía sumergida: la comercialización en el mercado negro de facturas para desgravarse impuestos de manera ilegal.

Detrás de esta actividad que ataca directamente al corazón del fisco, una serie de empresas, denominadas 'factureras', que no tienen más actividad que emitir facturas por unos servicios que no prestan a sociedades reales. Esas empresas incluyen esa facturación ficticia en su contabilidad ordinaria y en las declaraciones del IVA y del Impuesto de Sociedades. El objetivo final de los que participan como clientes de las factureras es la obtención de beneficios fiscales sin invertir en servicios y productos.

Para llegar a la estructura de este chiringuito, el fisco comenzó indagando en la figura de Carlos Carretero, un controvertido personaje de Ubrique a quien le iban excesivamente bien las cosas para los ingresos ordinarios que declaraba. Vehículos de lujo, una residencia de alto 'standing'... Demasiada ostentación para quien había sido jefe de la policía local, apartado por una condena, y al que no se le conocía negocio legal próspero.

El magistrado autorizó que se pinchara su teléfono y gracias al seguimiento de sus conversaciones se descubrieron hasta dos tramas fraudulentas: una que se encargaba de conseguir pensiones de incapacidad pasando por caja y otra basada en las facturas falsas. La primera línea fue el germen de la ' operación Karlos' que se juzgaría en 2011.

Sin embargo la semilla del germen, las pesquisas más antiguas, iniciadas en 2005 por la Agencia Tributaria, siguen atascada en los juzgados sin que se vislumbre una fecha para la vista oral. Y ya han pasado diez años desde que el fisco comenzó a seguirle los pasos a Carretero.

7.173 folios y 23 tomos

En 2013 y tras una tortuosa instrucción, cuajada de recursos de las defensas que trataron de invalidar la base de la investigación, las escuchas telefónicas, esa fase del caso se cerraba y se conocía la acusación del Ministerio Fiscal: 19 procesados, a los que acusa de delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental y la devolución de 7,6 millones por cuotas defraudadas al IVA y al Impuesto de Sociedades entre los ejercicios de 2002 y 2005.

Fuentes del caso detallan que la instrucción alcanzó dimensiones gigantescas. Las pesquisas llevadas a cabo por la Agencia Tributaria pusieron boca arriba la contabilidad de más de 200 empresas reales de la provincia, que habían terminado siendo clientes del entramado delictivo. Algunas de ellas regularizaron su situación ante el fisco para esquivar el juicio. Tres de ellas son las que han quedado en el escrito de acusación del fiscal.

Además, los investigadores tuvieron que peinar hasta 30 sociedades, muchas de las cuales tenían una apariencia legal, con oficinas y altas en el Impuesto de Actividades Económicas, pero que en realidad solo eran una fachada.

Debido a ese volumen ingente de trabajo, que recayó en un juzgado de Instrucción de Jerez sin refuerzos extraordinarios en sus medios, la causa llegó a sumar 7.173 folios y 23 tomos.

Recurso tras recurso

A esto se suma que el procedimiento, con una veintena de procesados, ha estado muy sometida a los numerosos recursos de las defensas para intentar tumbar el caso. Muy polémico fueron los inicios cuando se cuestionaron los autos que dictó el juez instructor para autorizar las escuchas telefónicas.

Gracias a esas grabaciones se descubrieron dos tramas delictivas bien diferenciadas que obligaba a desgajar una parte de la causa en un procedimiento distinto. Desde las defensas se atacó al instructor porque consideran que tardó en hacerlo, y que habría contaminado así la base de la instrucción.

Todas esas circunstancias ayudan a que diez años después, este fraude millonario a la Hacienda Pública aún no se haya juzgado. En estos momentos la sección octava de la Audiencia Provincial ha devuelto las actuaciones al juzgado de Instrucción para que defina la responsabilidad civil de algunas mercantiles. Incidencias en el procedimiento que también suman tiempo.