16 años y medio para juzgar a un jefe de Policía de Sanlúcar por un accidente leve

Es el asunto tramitado en los juzgados gaditanos que más tiempo está tardando en resolverse. Ostenta la peor marca provincial en cuanto a eficacia de la Justicia española y constituye un pésimo ejemplo de cómo debería funcionar el sistema judicial.

Un accidente de tráfico leve, en el que nadie sufrió lesiones graves, pero en el que se vio implicado un jefe de la Policía Local de Sanlúcar, será juzgado por la Audiencia Provincial el próximo 11 de marzo.

De sentarse en el banquillo los dos acusados (visto el desarrollo del proceso cualquier contratiempo es posible), el tribunal decidirá sobre unos hechos ocurridos hace 16 años y medio; en concreto, en septiembre de 1998.

Una familia de Sanlúcar sostiene que el jefe de la Policía Local por esas fechas colisionó contra su vehículo por la parte de atrás después de detenerse en un semáforo.

Un choque por alcance que el procesado ha reconocido que causó por culpa de un despiste.

Sin embargo, las víctimas del accidente acusan a este mando policial, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y que abandonó hace años la plantilla sanluqueña, que el siniestro se produjo porque conducía en estado ebrio.

El matrimonio afirma que el acusado presentaba evidentes síntomas de embriaguez y que se negó a hacerse la prueba de alcoholemia cuando lo exigieron en dependencias policiales.

El fiscal da por válida la versión de las víctimas y asegura en su escrito de acusación que el jefe de la Policía Local "intentó solucionar lo ocurrido mediante la firma de un parte amistoso".

Junto a este exresponsable policial, se sentará en el banquillo su entonces mano derecha en la Jefatura, un suboficial que según la Fiscalía convenció al agente que estaba realizando el atestado y a una de las víctimas para que no incluyeran en el informe la solicitud de la prueba de alcoholemia que finalmente no se llevó a cabo.

El fiscal pide para el exjefe de Policía nueve meses de cárcel y año y medio para el antiguo suboficial por los delitos de desobediencia, omisión del deber de perseguir delitos y contra la seguridad del tráfico.

Una absolución anulada

En enero de 2013, el juzgado de lo Penal nº 2 dictaba una sentencia absolutoria por falta de pruebas. Pero la vista oral había arrancando sin la presencia del fiscal. Una irregularidad que recurrió el Ministerio Público y que motivó la anulación del juicio por orden de la Audiencia Provincial.

Éste no era más que el enésimo contratiempo que ha ido dilatando en el tiempo el procedimiento. Cuando el asunto fue devuelto a los juzgados de lo Penal de Cádiz en 2013 y recayó en el nº 1, su titular concluía que era competencia juzgarlo por la Audiencia.

Durante la fase de instrucción, el caso también se vio afectado por graves contratiempos ajenos al funcionamiento del sistema judicial como fue el incendio que destruyó gran parte de los juzgados de Sanlúcar en 1999.