La Junta desobedece a la justicia y sigue sin readmitir a los agentes de empleo

La Junta sigue tensando el conflicto con los agentes locales de promoción de empleo, los llamados alpes, tras dos años de batalla judicial. Las 38 sentencias firmes con las que cuentan los afectados de la provincia y el compromiso que se vio forzado a asumir el consejero de Economía y Empleo, José Manuel Sánchez Maldonado, no han sido suficientes para readmitirlos como obliga la justicia. La pesadilla comenzó en septiembre de 2012 cuando la administración dejaba fuera de la reestructuración del sistema público a 800 agentes de empleo, cerrando los consorcios que los habían contratado y enviándolos al paro. De ellos, 81 prestaban servicio en la provincia de Cádiz y la mayoría recurrieron a los tribunales para denunciar su situación.

En este tiempo juzgados de todos los niveles le han dado la razón al colectivo con sentencias en primera instancia, recursos del TSJA y causas colectivas que han creado precedente.

Los agentes gaditanos tomaron la opción de presentar demandas individuales que han ido ganando una a una y ya con 38 firmes en la mano piden la inmediata restitución en sus puestos y el pago del salario que han dejado de percibir durante estos dos años. Pero tampoco ha habido respuesta. Ahora se han visto obligados a recurrir a la vía ejecutiva para que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) acate las sentencias y ya han recibido los primeros autos que dan un plazo de cinco días para hacerlas efectivas. En total son seis los que ha emitido el juzgado de lo social número 2 de Cádiz, todos idénticos, que suponen un verdadero rapapolvo a la manera de actuar de la administración.

Portavoces del colectivo en Cádiz señalaron que «aquí se termina el proceso, estas son las últimas consecuencias y si la Junta sigue sin cumplir, será la justicia la que los obligue a ejecutar». Es en estos días cuando se ha empezado a cumplir el plazo dado por el juzgado gaditano y la representación legal de los afectados ya tiene preparado un escrito en el que pide que se pague el salario de tramitación, un adelanto de seis meses de esos sueldos, el alta en la Seguridad Social y el nombre del alto funcionario que está ignonando estos fallos judiciales. «No cumplir a estas alturas supondría incurrir en un delito de desobediencia», alertan los portavoces del colectivo.

Lo sangrante de toda esta situación es que cada demanda se resuelve una a una, con lo que da margen a la administración a continuar dilantando este proceso a pesar del elevado coste que conlleva. Los agentes de empleo calculan que supone alrededor de 70.000 euros diarios en toda Andalucía, «un dinero improductivo que se está perdiendo y que no se volverá a recuperar», además del sufrimiento que soportan. También resaltan que las promesas que se hicieron por encontrar una solución «han caído en saco roto». Ni se ha vuelto a convocar la mesa de seguimiento ni se han creado mecanismos para reincorporar a los exempleados.

«Ahora después de que se haya roto el pacto de Gobierno se ha acordado de nosotros IU», ironiza uno de los afectados que ha contactado con este medio. Según explica, la coalición de izquierdas «se ha limitado a mostrar su apoyo en este tiempo, pero no ha hecho nada por hacer cumplir las sentencias». De la misma forma, lamenta que ahora pretendan aprovechar la situación para hacer campaña.