La juez Núñez asume la tesis de la Junta para archivar el caso de formación

Los ex altos cargos de la Consejería de Empleo investigados por el fraude masivo de la formación tienen cada día un horizonte penal menos oscuro. No hace ni quince meses, 16 exdelegados provinciales desfilaban ante los juzgados escoltados por agentes de la Guardia Civil, cabizbajos o cubriéndose el rostro con ropa en un empeño frustrado por evitar la pena de telediario. La juez Mercedes Alaya acusaba a la Junta, a través de ellos, de crear «una red de clientelismo político» a través de los cursos que subvencionaba.

La veleta viró por completo hace un año, justo cuando la juez María Núñez Bolaños asumió la titularidad del juzgado. Entre los abogados de la defensa y acusaciones, nadie duda ya de que, más pronto que tarde, va a archivar la pieza política de la formación, que afecta a 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como avanzó ABC el pasado día 15.

Fuentes judiciales aseguraron ayer a Efe que el fiscal podría pedir el carpetazo dentro de unos meses. En la causa hay tres exconsejeros de Empleo investigados: Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila.

Tras un año de instrucción, la juez cada día está más alejada de las tesis de Alaya —la existencia de una corrupción epidémica instalada en la médula de la Junta que se replicaba a través de los ERE, cursos de formación o el reparto de avales a empresas— y más cerca del argumento exculpatorio del Ejecutivo socialista. La Junta construyó un dique de contención para diluir su responsabilidad penal. Negó el menoscabo de fondos públicos y redujo el descontrol a un cúmulo de irregularidades administrativas sin recorrido penal.

Las preguntas que Núñez formula a los interventores de la Administración que han ido compareciendo en el juzgados como testigos son elocuentes. En sus interpelaciones, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla cuestiona sin disimulo que existan delitos en la actuación de los ex altos cargos de Empleo. No duda en quitarles la palabra al representante de la Fiscalía Anticorrupción o a los letrados de la defensa y acusaciones para preguntar y repreguntar al testigo cuando no le convencen sus explicaciones.

Intervenciones

El interventor provincial de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez —que admitió el menoscabo de fondos en el Parlamento andaluz—, pudo comprobarlo por sí mismo cuando testificó el 7 de abril en el juzgado. La juez defendió la existencia de meras irregularidades administrativas.Ocurrió durante el turno de preguntas de Lourdes Fuster, letrada del PP, que ejerce de acusación en la causa.

Reproducimos aquí el extracto de la grabación de la intervención, al que ha tenido acceso ABC, para que cada uno saque sus conclusiones.

Fuster: ¿Es cierto que en el cien por cien de los expedientes detectó irregularidades?

García Bermúdez: Por el cien por cien quiero decir que no había ningún expediente perfecto. El que no tenía cuenta justificativa, tenía un error o le faltaba un documento.

Núñez entra en escena: ¿Hablamos siempre de irregularidades administrativas, no?

GB: Sí. Totalmente, estamos en vía administrativa sí o sí.

N: Detectó en algún momento usted que esas irregularidades pudieran tener la finalidad de forma arbitraria, sin un criterio legal, de conceder subvenciones a determinadas empresas, evitar controles...

GB: No lo he apreciado

N: ¿Ha tenido la intuición, el indicio, de que esas irregularidades administrativas que usted ha detectado pudieran estar todas encaminadas a desviar fondos públicos de forma arbitraria a una concreta empresa?

GB: No. Entiendo que ha habido una relajación. Si el responsable del Servicio no ha aplicado la disciplina...

N: Usted lo que entiende es que ha habido un mal trabajo.

GB: Yo lo enfoqué así desde siempre. Quiero transmitir la informacion para recuperar el máximo dinero posible.

N: Sí, lo que es un control, dejar de funcionar el sistema de control. Lo que a ustedes les sorprende, pregunto, ¿es que ese informe [del interventor] esté en sede penal?

GB: Sí.

Previamente, la juez había interrumpido al fiscal Anticorrupción, Fernando Soto, quien había afeado al interventor que se fiscalizaran las ayudas sin la documentación exigida. «La conclusión que yo puedo sacar como fiscal [...] con carácter indiciario, no total, es que el órgano gestor [SAE] le da la subvención al que le da la gana», afirmó.