TRIBUNALES

Decenas de miembros de Podemos piden que la Justicia frene el proceso para renovar la ejecutiva andaluza

Doscientas firmas se adhieren a la demanda de un edil de Mijas reivindicando la existencia de una Comisión de Garantías que asegure que la II Asamblea Ciudadana convocada por Teresa Rodríguez se celebre con plenas garantías democráticas

Unos doscientos inscritos en Podemos han pedido que se paralice la celebración de la II Asamblea Andaluza
Unos doscientos inscritos en Podemos han pedido que se paralice la celebración de la II Asamblea Andaluza - EFE
ABC - abcdesevilla Sevilla - Actualizado: Guardado en:

Unos 200 inscritos en Podemos Andalucía han pedido a la Justicia, presentando un recurso contencioso-administrativo especial para la protección de los derechos fundamentales, paralizar la II Asamblea Ciudadana de la formación morada que ha convocado la secretaria general, Teresa Rodríguez, por la inexistencia de Comisión de Garantías de Andalucía.

Estos miembros de Podemos Andalucía, que se han constituido bajo la Plataforma Pro Comisión de Garantías, ya remitieron el pasado mes de septiembre una carta a Teresa Rodríguez en la que pedían la convocatoria de elecciones para constituir la Comisión de Garantías como paso previo a la II Asamblea andaluza, toda vez que la referida comisión lleva vacante «desde julio de 2015».

En una nota, la Plataforma Pro Comisión de Garantías ha explicado que se ha presentado en Málaga una reclamación para que la Justicia paralice la II Asamblea andaluza, pues entienden que el órgano del que carece la formación «tendría que velar precisamente por el buen funcionamiento del proceso congresual, además de hacer cumplir los estatutos y el código ético de Podemos».

Según recuerda, el Consejo Ciudadano Andaluz aprobó en su última reunión del 10 de julio pasado celebrar elecciones para elegir los miembros que integrarían la Comisión de Garantías, de manera que explican que «la razón por la que se reclama que los jueces paralicen la II Asamblea es el respeto a las decisiones democráticas de los órganos de Podemos y a sus estatutos, que claramente expresan que esa Comisión de Garantías ha de velar por la limpieza del proceso congresual».

Iniciativa de un concejal que sufre amenazas

La demanda ha sido registrada en los juzgados de Málaga por el concejal de Mijas, Francisco Martínez, «una de las personas inscritas en Podemos Andalucía que más ha sufrido la carencia de la Comisión de Garantías del partido» y quien, agrega la Plataforma, «ha de trabajar con escolta de la Policía Local al haber sufrido amenazas de muerte, ataques a su coche, insultos y vejaciones provenientes de personas que afirman ser inscritas en Podemos y que no han sido ni investigados ni sancionados por la Comisión de Garantías del partido, ya que dicho órgano no opera debido a la dimisión de sus integrantes y a la falta de elecciones para sustituirlos».

Martínez, junto a una cincuentena de personas, «entre las que se encuentran las más afectadas por la inoperancia de la Comisión de Garantías como Trinidad Ortega, ex secretaria de Podemos en Jaén», dirigieron recientemente una carta abierta a Teresa Rodríguez, en la que le pedían expresamente que se procediera a elegir y cubrir antes las vacantes de la Comisión de Garantías que a celebrar el proceso congresual de la II Asamblea, prevista para los días 7 al 9 de noviembre y que en alguna de sus fases ya ha empezado el pasado 10 de octubre.

«Ante la falta de respuesta a la carta abierta, los firmantes constituyeron una Plataforma Pro Comisión de Garantías que ha recibido el apoyo de más de 200 inscritos de toda Andalucía, quienes se han adherido al procedimiento judicial abierto en Málaga para conseguir que Podemos Andalucía funcione democráticamente y sus órganos y estatutos sean respetados», ha señalado la referida plataforma.

Así, explican que el fin último de la iniciativa de paralizar la II Asamblea hasta que se elija Comisión de Garantías «es hacer de Podemos Andalucía una herramienta política eficiente para sus 700.000 votantes y sus más de 30.000 inscritos», mientras recuerdan que el procedimiento contencioso especial previsto en la ley permite que el juez pueda paralizar actuaciones que vayan contra los derechos fundamentales.

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