El Colegio de Periodistas de Andalucía denuncia el «chantaje» del Ayuntamiento de Almonte a los trabajadores de la televisión local
Los socialistas condicionan el pago de las nóminas a la supervisión por el equipo de Gobierno de los contenidos, lo que «puede vulnerar los principios constitucionales del derecho a la información y la libertad de expresión»
Los trabajadores de Doñana Comunicación no cobrarán a no ser que los contenidos que emitan se ajusten a los criterios que establezca el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte . Así se desprende del documento remitido por la Secretaría General del Consistorio al Consejo de Administración de la empresa pública que gestiona el medio, un documento que certifica lo acordado en la Junta de Gobierno del pasado 2 de enero en la que se cerró la aportación del Ayuntamiento a la empresa, 200.000 euros, destinados a sufragar gastos de personal, atrasos y otros gastos de funcionamiento.
Es en ese mismo documento el equipo de Gobierno socialista «recuerda» al consejo de administración de Doñana Televisión su «condición de entidad instrumental», por lo que «la transferencia propuesta para Doñana Comunicación SA se estima que deriva de la retribución correspondiente a la prestación de servicios que realiza para este Ayuntamiento».
Entre esos «servicios» que ha de prestar el medio si pretende recibir los fondos necesarios para seguir funcionando, destacan la realización de un seguimiento de las informaciones publicadas en medios digitales que traten sobre los núcleos de población almonteños y su envío diario al Ayuntamiento y «las publicaciones relacionadas con el Ayuntamiento de Almonte»: convocatorias y notas de prensa emitidas por el gabinete de prensa, grabación y emisión de las mismas, promoción de acciones y actividades que partan del Ayuntamiento de Almonte, emisión de copias y publicación en redes sociales de los contenidos que se consideren, «con el visto bueno del Ayuntamiento» y «retransmisiones en directo de actividades y eventos de interés general, previo visto bueno del Ayuntamiento» .
Se dedica un apartado a las informaciones generadas por «otras entidades», cuyas acciones y actividades serán objeto de cobertura mediática «cuando cuenten con un objetivo social y/o cuenten con el visto bueno del Ayuntamiento» .
Las condiciones del documento fueron apuntaladas por la propia alcaldesa, la socialista Rocío Espinosa , que en unas declaraciones públicas realizadas tras la reunión de la Junta de Gobierno afirmó que «a partir de este momento sí vamos a censurar y a denunciar todos los contenidos de la televisión pública que atenten contra lo establecido en los estatutos».
El certificado que enumera las condiciones fue remitido el pasado 19 de enero por el concejal de Hacienda, Francisco Manuel Toro al presidente del consejo de administración de Doñana Comunicación SA (Docosa), José María García , portavoz de Mesa de Convergencia , que fue elegida con los votos mayoritarios de la oposición para hacerse cargo de la empresa pública audiovisual tras las últimas elecciones municipales.
Con el acuerdo de la Junta de Gobierno del 2 de enero, el Ayuntamiento libera los fondos para cubrir los salarios y los atrasos con los condicionantes mencionados, condicionantes que según ha denunciado el Colegio de Periodistas de Andalucía en una nota de la que también se hace eco la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) , «pone en riesgo el derecho a la información de la ciudadanía y atenta contra el pluralismo y la independencia que tienen obligación de garantizar».
Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía consideran que estas condiciones y «la evidente injerencia» del Ayuntamiento sobre los contenidos que debe o no emitir la televisión municipal «pueden vulnerar los principios constitucionales del derecho a la información y la libertad de expresión en que se inspira además nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía» .
«Condicionar el presupuesto a la aprobación de contenidos por parte de la Corporación municipal, obviando otros criterios como los de pluralidad y neutralidad informativas que deben primar en una televisión pública, va en contra del derecho de los ciudadanos a estar libremente informados y los limita a recibir aquella información que la corporación municipal filtre y decida en cada caso», advierte, al tiempo que anuncia que «exigirá» al Ayuntamiento que «modifique el acuerdo y elimine dichas condiciones de pago» y recuerda a los trabajadores que pueden solicitar la actuación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo mediante queja.
Respuesta de la alcaldesa
La denuncia del Colegio de Periodistas de Andalucía ha sido replicada por un escrito que según el Ayuntamiento ha sido remitido por la alcaldesa de Almonte, a la decana de la institución, Eva Navarrete , texto al que ha tenido acceso ABC, y en el que se reconoce «la desacertada redacción» del acuerdo de la Junta de Gobierno en la que se establecen las condiciones de la asignación de 200.000 euros consignado en el presupuesto del Ayuntamiento, algo que según los socialistas se ha rectificado en la Junta de Gobierno del 15 de febrero.
A continuación, la alcaldesa se refiere a las declaraciones que realizó ante las cámaras tras la reunión de la Junta de Gobierno del 2 de enero y tras acusar a la decana de desconocimiento, explica que en su referencia a la censura se refiere a «el amarillismo» con el que supuestamente habría procedido la televisión local en alguna noticia, en la que habrían «utilizado a personas con discapacidad intelectual, sin contrastar la información antes de emitirla, y que ha sido objeto de queja por parte de los profesionales de los servicios sociales a esa televisión local, queja que comparto íntegramente».
Sin embargo, ABC se ha puesto en contacto con la decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete, que asegura que hasta la fecha, la institución a la que representa no ha recibido ningún tipo de contestación por parte del Ayuntamiento de Almonte y se remite a lo manifestado en el comunicado de prensa publicado por la institución.
