La Junta indemniza a una niña a la que no dio una educación específica por sus altas capacidades

Se le detectó que era una niña de alta capacidad intelectual (una superdotada) cuando tenía nueve años y es a día de hoy, cursando segundo de la ESO, y su caso sigue sin resolverse. Al menos, la Consejería de Educación ha reconocido, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el daño causado por no haberle desarrollado la diferente educación diagnosticada y también por primera vez en España es la primera vez que la Administración Educativa acepta pagar la cantidad reclamada por daños y perjuicios y que ascienden a 36.000 euros.

El Defensor del Estudiante ha llevado el caso a los tribunales después de que sus padres «intentáramos por todos los medios y en todas las ocasiones llegar a una solución dialogada con los centros en los que ha estado y los profesores que les ha tocado sin que nos hicieran el menor caso», según su padre, Francisco Jiménez.

A la menor, cuando cursaba sexto de Primaria, sus padres la llevaron a realizar lo que el Ministerio de Educación denomina «el imprescindible diagnóstico clínico de profesionales especializados», o evaluación multidisciplinar en el Modelo Biopsicosocial, en un centro homologado y especializado del Instituto Andaluz de Altas Capacidades, por lo que la superdotación intelectual de la niña quedó legalmente acreditada «en un documento de 40 páginas donde lo explican todo muy clarito», ha recordado su progenitor.

Programa de un año

Y, a pesar de que los padres han trasladado a todos lo centros por los que ha pasado la niña ese dictamen y de que tiene «un coeficiente intelectual cercano a 150», únicamente uno de esos centros, el Caballero de Santiago, y sólo de forma inicial trató de desarrollar la adaptación curricular precisa diagnosticada.

«Eso sólo duró un curso, el tiempo en que un profesor estaba aplicando un proyecto experimental tardó en trasladarse a otro centro», se lamenta el padre, quien ha añadido que «la tutora que le tocó luego puso además muchos problemas».

En palabras de Francisco, «no estamos satisfechos con el hecho de que la Junta reconozca su error y pague», advierte. «Que se admita a trámite para ir a juicio y se acepte el pago de esa cantidad es sólo el principio y la única forma de ganar esto es que consiga que mi hija tenga satisfechos sus derechos».

Se trata, además, de un problema más extendido de lo que parece. «Muchos padres no se atreven a sacar a la luz el caso de sus hijos, porque en los centros les recomiendan que no les señalen ante los demás, cuando es tremendamente beneficioso contar con un niño así para el resto de la clase», indica el padre.

Encima, últimamente «parece estar produciéndose una insana competición entre comunidades autónomas para ver quien tiene más niños listos entre sus filas», se queja. Eso significa que van a aflorar muchos más casos, pero con el handicap de que la Administración, por ahora, «no está por la labor de aplicarles la atención especial que requieren estos niños en forma de adaptación curricular especial».