Algo más que un tren

Solamente quien viajó a Barcelona en aquellos tiernos años ochenta en el Ferrobús valora en sus estrictos términos la aportación del tren de Alta Velocidad a las comunicaciones en España. El viaje, tan penoso como incómodo, se ha convertido en un rato de confort. Es la enorme ventaja del ferrocarril que lleva un cuarto de siglo con su polémica implantación en el territorio del país. Relativiza las distancias hasta convertir el factor tiempo en el verdaderamente relevante. Con la asepsia de un avión pero sin sus muchos inconvenientes, con un grado de integración en las ciudades imbatible para los aeropuertos y una flexibilidad notable desde el punto de vista de los horarios. El AVE es un éxito social por más que económicamente sea una inversión pública de intangible retorno.

Las virtudes de un proyecto de infraestructuras de Estado que ha acercado periferia y centro en un país que sigue siendo extravagantemente radial.

El AVE es uno de los hechos más notoriamente políticos de la España constitucional. Al igual que sus ventajas de modernidad se corresponden con los vientos que recogen el cambio establecido, sus defectos son los del mismo sistema político que financió su puesta en marcha. El país atrasado que salió de las estructuras del franquismo tuvo un reflejo de ese periodo autárquico inicial del régimen en un sistema de vías de ancho ibérico que era nuestro volante a la derecha. Pese a disponer de un sector público anquilosado, los trenes en España eran un disparate ineficiente. Efectivamente, la llegada del AVE puso fin a alternativas más baratas. Buena parte de aquellas líneas se dejaron morir entre unas autoridades nada dispuestas a seguir pagando el déficit de la empresa estatal y unos clientes que tampoco es que hiciesen cola para comprar billetes. Es verdad que se han suprimido servicios que tenían demanda. También, que nadie se da el tiro en el pie de eliminar una actividad que reporta beneficios.

El tren de alta velocidad, se ha dicho, ha sufrido todos y cada uno de los males de España. En primer lugar, una corrupción galopante. No se puede olvidar que, desde el minuto uno (la construcción de la línea Sevilla-Córdoba-Madrid), ha habido casos judiciales como el llamado «caso AVE» en el que se acusó a la empresa Siemens de pagar sobornos a altos cargos del PSOE como compensación por la adjudicación de contratos al consorcio que mantenía con Altshom. Los hechos se demostraron pero, casi una década después, los únicos sentenciados por los hechos fueron sancionados con penas casi simbólicas.

Ha existido una percepción errónea, alimentada por políticos populistas, de que el AVE era un tren de cercanías a lo bestia. Eso ha generado demandas de paradas escasamente eficientes. Si el medio de transporte ha demostrado algo es que no estaba para solventar particularidades locales y que es una forma de conectar urbes de una cierta masa crítica de población. En Córdoba tuvimos el caso del tren de los Pedroches y la estación de Villanueva, cuyas estadísticas de servicio dan cierto rubor. No solamente es que haya pocos trenes sino que los que paran es que no justifican la inversión realizada en la estación de la zona. Otro defecto de la España constitucional. El localismo exacerbado que ha impuesto inversiones perfectamente prescindibles y ha olvidado otras verdaderamente necesarias. La situación actual del oriente andaluz —no ya con el AVE sino con una forma contemporánea de transporte ferroviario— es una auténtica vergüenza. Visto desde el otro punto de vista, el de la integración urbana, es un caso de éxito. Córdoba es un ejemplo de cómo la llegada de la alta velocidad generó una dinámica urbana constructiva que cosió la ciudad eliminando la enorme barrera generada por las vías cuando éstas se encontraban en superficie partiendo en dos la ciudad.

Y el precio. Dicen los grandes detractores que las tarifas han expulsado a las clases populares. Imagino que en esto habrá opiniones, según gustos. En tanto se trata de un servicio de alta calidad, con un concepto de la puntualidad de los que nos hizo alucinar, las tarifas resultan justificadas. Es de justicia que existan alternativas mucho más asequibles que no expulsen del sistema a las familias que necesitan del transporte como ocurre en muchos otros países.