EL FISCAL Y LA HIPOCRESÍA DE LA IZQUIERDA

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Es tiempo de hipocresía en la izquierda y toca defender la independencia del fiscal general, pero lo cierto es que en la naturaleza del Ministerio Público está escrita la comunicación con el Gobierno para la defensa del interés general

REALMENTE está siendo un espectáculo de la doblez política el afán con el que la izquierda se ha lanzado a construir un mito sobre la figura del dimitido Eduardo Torres-Dulce. Quien fuera fiscal general del Estado hasta ayer probablemente ha sido el jefe de la Fiscalía que ha gozado de mayor autonomía en el ejercicio de sus funciones. Nada que ver, por ejemplo, con la obediencia de Conde-Pumpido a las directrices políticas de los gobiernos de Rodríguez Zapatero. El problema de Torres-Dulce nunca ha sido la intromisión del Gobierno de Rajoy, sino su falta de carácter para ejercer el principio de jerarquía en el seno del Ministerio Público.

Su deseo de estar a bien con todos le llevó a mantener intacta la estructura creada por Conde-Pumpido en órganos y puestos clave, como la Junta de Fiscales de Sala o la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue despoblándose de la mayoría de aquellos fiscales que fueron la vanguardia de la lucha contra ETA. Causas habrá muchas en la decisión de Torres-Dulce, pero el detonante ha sido la confusa e ineficaz actuación del Ministerio Fiscal frente a los delitos –notorios y flagrantes– cometidos por las autoridades catalanas antes y después de la consulta separatista del 9-N. El saldo de este episodio de desafío al Estado ha sido la impunidad absoluta, la crisis interna de la Fiscalía y la desautorización de su máximo representante. La actuación del Ministerio Público en el caso Nóos también ha revelado una incomprensible falta de control previo por parte de la Fiscalía General, que permitió un enconamiento desproporcionado entre el fiscal Horrach y el juez Castro, con el agravante de que el fiscal ha sido retratado ante la opinión pública como el mejor abogado defensor de la Infanta Cristina. Los criterios de los fiscales en los casos Gürtel y de los ERE falsos revela cualquier cosa menos presiones del Gobierno.

Que un Gobierno no confíe en el fiscal general no es un timbre de honor del fiscal general, aunque para el PSOE, tan acostumbrado a las políticas de sumisión de jueces y fiscales, sea ahora la coartada para enaltecer a quien hasta hace no mucho era el denostado representante de los fiscales conservadores. Por cierto, nadie en la izquierda levantó la voz cuando Torres-Dulce fue depurado por Conde-Pumpido en aras de lo que este calificó públicamente como «reequilibrio ideológico» de la Fiscalía. Es tiempo de hipocresía en la izquierda y toca defender la independencia del fiscal general, pero lo cierto es que en la naturaleza del Ministerio Público –y en su régimen legal y constitucional– está escrita la comunicación con el Gobierno para la defensa del interés general. Torres-Dulce tenía todo a su favor para haber sido un gran fiscal general del Estado, pero no ha estado a la altura de los grandes retos de esta legislatura.

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