Todas las ayudas de Andalucía al empleo están ya bajo sospecha

El último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha cerrado el círculo del fracaso de las políticas de empleo en Andalucía, una región con un 35% de paro (diez puntos más que la media nacional) donde todas las ayudas para reducir el paro están ya bajo sospecha. Tras escrutar cómo se han gestionado más de 331 millones concedidos entre 2007 y 2013 para el fomento de los autónomos en la región, el demoledor informe advierte de que más del 50% tendrán que reintegrarse por falta de justificaciones de uso, por justificaciones insuficientes o fraudulentas. Se podría tratar de un caso similar al proceso que ya instruye la juez Mercedes Alaya sobre el supuesto fraude en subvenciones para cursos de formación

dirigidos a desempleados y trabajadores (que también fue denunciando por la Cámara de Cuentas). Ahora se está investigando al Gobierno autonómico por conceder más de 950 millones en subvenciones a la formación entre 2008 y 2011, que hasta el año pasado permanecían «sin justificar» gracias a la batería de exoneraciones que concedió el Gobierno andaluz.

En el caso de las ayudas a autónomos, es un nuevo ejemplo de mala gestión de dinero público destinado al empleo en el que la Cámara de Cuentas señala el «riesgo» de que los responsables públicos del programa hayan podido incurrir en responsabilidad contable.

Esta misma semana, el portavoz de Economía del PP-A, Rafael Carmona, también denunció la situación de «quiebra» que a su juicio padece la Agencia IDEA -organismo de la Junta para el fomento empresarial- al haber acumulado en los últimos años unas pérdidas que superan los 300 millones de euros, debido en parte a la mala política en materia de concesión de avales a proyectos empresariales con multitud de «fallidos». Tampoco se escapa la liquidación de Santana Motor, una compañía propiedad de la empresa pública Soprea, que depende al cien por cien de IDEA (que contaba con 66,2 millones en acciones).

Responsabilidad política

Todo esto se ha convertido en un serio problema político para el Gobierno socialista de Susana Díaz, que ve cómo no paran de aflorar presuntos caso de corrupción. Las armas de defensa que utiliza su partido siempre son las mismas: que la primera interesada que se conozca la verdad es la propia Junta y para ello colabora desde el primer momento con la Justicia. Que es un tema heredado del pasado y que ahora se han incrementado los mecanismos de control. Y por último, que son casos aislados que empañan el buen nombre de las políticas sociales de Andalucía, pero que no puede hablarse de generalidades.

Pero la oposición no oculta su malestar. Ayer concretamente, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, instó a Díaz a que «de una vez por todas» comparezca en el Parlamento andaluz y aclare el «descontrol» en la gestión de los fondos públicos en la comunidad. El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, dijo que si la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, «no sale a dar explicaciones», estará «amparando y escondiendo todo lo que ha ocurrido». Asimismo, manifestó que «es gravísimo lo que ha pasado con los ERE», y se ha preguntado «cómo es posible que la Junta sólo haya recuperado 1,9 millones de euros de los 850 en los que está tasado el fraude», reseñando que «si Díaz lanza ese mensaje a la ciudadanía, de que no es capaz de luchar contra el fraude y recuperar el dinero, es que la presidenta es incapaz de llevar las riendas de la comunidad autónoma». Cabe recordar que el PSOE no gobierna solo, sino de la mano de IU. Preguntado ayer a su coordinador en Andalucía, Antonio Maíllo, afirmó que ha habido «mala praxis» pero no «ilegalidades» en la gestión pública de las ayudas concedidas en el último caso.