Juzgan en Ciudad Real a una pareja por abusar sexualmente de un bebé de 18 meses

Los abogados de Julián G.O., de 31 años, y de Rosa María I.G., de 23, acusados de agredir sexualmente al bebé de ella cuando tenía 18 meses, sustentarán la defensa de los dos procesados en la creencia de que las lesiones que presentaba el niño no se corresponden con una agresión sexual y que no se tuvieron en cuenta otras patologías que pudieran haber originado la perforación intestinal que sufrió.

Así lo aseguraba este martes en declaraciones a los medios de comunicación Joaquín Espinosa, letrado del principal procesado, que ha permanecido en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos en octubre de 2012, momentos antes de que arrancará la primera sesión del juicio que hasta esta miércoles se celebra en la A udiencia Provincial de Ciudad Real y que se celebró a puerta cerrada.

«A la vista de los datos y de la información de los peritos creemos que se han descartado otras patologías posibles –aseveraba- además de que no hay evidencia de que una agresión de ese tipo pueda generar una perforación intestinal».

Julián G.O. y Rosa María I.G. se enfrentan a 15 años de prisión. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce el padre biológico del niño, mantienen que ambos, que por entonces tenían una relación de pareja, y puestos de común acuerdo, «con un evidente ánimo libidinoso y en el contexto de una actividad de carácter sexual, sometieron al niño a una conducta sexualmente violenta tras sujetarle fuertemente la cara con una mano para inmovilizarlo, consistente en penetración anal», según reza el escrito de calificación.

Señala el fiscal que este hecho le produjo lesiones de extrema gravedad, de tal modo que de modo inmediato comenzó a presentar síntomas tales como vómitos, abultamiento del abdomen, sudoración, siendo trasladado por el procesado hasta el servicio de urgencias del Hospital de Ciudad Real a las 1.26 horas del día 11 de octubre de 2012, donde fue intervenido quirúrgicamente con carácter urgente por el riesgo que corría su vida.

La defensa de la madre (que fue puesta en libertad a los pocos meses tras la detención) que ejerce la letrada Rosario Lafuente, se sumó a la tesis del abogado del principal procesado y pidió respeto para la presunción de inocencia de ambos «aun llegados a este punto». «Hasta que no haya una sentencia no les podemos condenar, hay que respetar este derecho constitucional», dijo.

Para las defensas solo cabe la libre absolución, mientras que la acusación pide además de los 15 años de prisión para cada uno, la prohibición de acercarse a 300 metros y comunicarse con el menor por un periodo de 20 años. Considera que procede imponer también para ambos la medida de libertad vigilada durante seis años y quitarle la potestad a la madre.

Reclama también, en concepto de responsabilidad civil, que los procesados indemnicen al menor, en la persona de su representante legal, con las sumas de 1.840 euros por los 23 días de hospitalización, 1.200 euros por los 20 días de estabilización lesional y 3.000 euros por la secuela consistente en cicatriz de laparotomía.