Entre el sueño de lo público y la realidad del contrato

No hace falta ser un gurú de la política para intuir que los principales choques entre PSOE y Ganemos pueden venir por las concesiones de los servicios públicos. En el pacto de ambas formaciones, se especifica la «remunicipalización paulatina de los servicios municipales en manos de empresas privadas mientras no sea lesivo para los intereses económicos de la ciudad». Así, por ejemplo, ya lo anunció hace unos días Javier Mateo, líder de Ganemos: la ORA y las multas pasarán a ser gestionadas por la Empresa de la Vivienda.

Ahora bien, la mayoría de servicios públicos los explotan empresas privadas con un contrato en vigor de larga duración, con lo cual esa «remunicipalización» pasaría por romper el contrato e indemnizar a la empresa.

Vayamos caso por caso. Unauto, la empresa que gestiona el transporte urbano, tiene una prórroga de dos años que acaba en 2016. Antes, en septiembre de este año, el pacto fija «comenzar los estudios e informes para la recuperación de la gestión pública». En el caso del agua, en 2006 Tagus firmó un contrato de 25 años, por lo que su compromiso con Toledo no acaba hasta el 2031... Eso sí, el pacto establece «solicitar informe y estudio a los servicios jurídicos del Ayuntamiento en relación con el contrato».

La recogida de la basura está en manos de Sufi, que en 2007 firmó un contrato de diez años con otros cuatro de prórroga, con lo cual está ligada a Toledo hasta 2017, como mínimo. Y hace unos meses, en octubre, se firmó el nuevo contrato de mantenimiento de parques y jardines, que se alarga hasta finales de 2018.