Madrid responde a Podemos que la viabilidad del primer centro para maltratadas corresponde al Estado
La Comunidad pide explicaciones a los ministerios de Montero y Belarra por culpar a las autonomías del recorte presupuestario que aboca al cierre a numerosase entidades. Y recuerda que en el centro ubicado al este de la capital se atiende a víctimas de todo el país
A los pocos días de conocerse, como publicó ABC , que la asfixia económica estaba llegando incluso al primer centro en España de asistencia integral a mujeres maltratadas, los ministerios a los que había señalado la entidad que gestiona el centro ubicado al este de Madrid, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, se defendieron acusando a Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno mostró a la Comunidad de Madrid su gran «preocupación» por el posible cierre al que abocaba el déficit presupuestario; el Ministerio de Igualdad y el de Derechos Sociales recordaron a Madrid que tiene a su alcance subvenciones estatales para mantenerlo activo.
El centro se puso en marcha en 1991 y ha asistido a más de 1.500 mujeres. En este periódico, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, alertó del peligro que corría este centro que, según ha explicado, ha visto cómo la subvención que le llega del 0,7% procedente de los impuestos de la Renta a las Personas Físicas se ha reducido este año en un 75%. Pérez del Campo ve una «persecución ideológica» de Podemos al centro y asgeuró en conversación con este diario que el tramo de la subvención correspondiente a la Comunidad de Madrid sí había llegado.
Pero desde Igualdad, recordaron al Ejecutivo madrileño que en este ejercicio se han puesto en marcha líneas de subvenciones específicas para que las entidades «puedan ver complementados los fondos mediante esta vía».
Ayer, en una carta remitida por la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa , a los secretarios de Estado de los dos departamentos (Igualdad y Derechos Sociales), la Comunidad de Madrid defiende que la viabilidad económica del Centro de Atención y Recuperación Integral de Mujeres y sus Hijos e Hijas víctimas de violencia corresponde al Gobierno central. Y le recuerda que da atención a mujeres de todo el país, no solo madrileñas y con independencia de su vecindad administrativa.
Los ministerios de Podemos devuelven la pelota al tejado de Madrid y la acusan de la responsabilidad del cierre por déficit de fondos del centro pionero de atención a mujeres maltratadas
Dancausa dice haber recibido «con cierto asombro y perplejidad» la carta firmada conjuntamente por los titulares de las Secretarías de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género y de Derechos Sociales, «en la que, básicamente, trasladan la responsabilidad» de su financiación a la Comunidad. En la misiva de vuelta, a la que ha accedido ABC, Dancausa subraya que el Estado es el que tiene atribuidas las competencias para atender dicho recurso, «sin perjuicio de que para su coordinación deba contar con la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las funciones que esta Comunidad tiene asumidas en su Estatuto de Autonomía en materia de asistencia social y dentro de su ámbito territorial, sin olvidar que las administraciones públicas son corresponsables para garantizar el acceso y ejercicio del derecho a la asistencia social, reconocido en la LO 1/2004 y los compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a los que hacen referencia en su carta».
«Por ello no podemos aceptar que, debido a una incorrecta gestión del Ministerio, se traslade ahora a la Comunidad de Madrid el problema de este centro, alegando para ello falta de competencia por parte del Estado», añade la consejera.
Además, señala que la Federación ha venido percibiendo del Estado, durante los últimos 30 años subvenciones provenientes del 0,7% del IRPF. «Y esto incluso ha sucedido así a partir de 2017, momento en que dichas subvenciones pasan a ser competencia de las comunidades autónomas. Hasta el año 2021, año que, por razones que ignoramos, ese Ministerio redujo la subvención que hasta esa fecha le otorgaba a dicha entidad», apunta.
«Es paradójico que derive la responsabilidad»
Dancausa pone de manifiesto que si bien, tal como se indica en la carta de los secretarios de Estado, se aprobó en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia un sistema de reparto de los fondos correspondientes al 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades (80% de los recursos para el tramo autonómico y un 20% para el tramo estatal), igualmente a propuesta del propio Ministerio se aprobó que ese traspaso se realizara en dos años (hasta 2023), motivando dicha propuesta en que «no haya ningún actor, ninguna comunidad autónoma, y tampoco, ninguna entidad estatal que sufra una merma de recursos de un año para otro».
Por ello, para la titular regional de Política Social resulta «cuanto menos paradójico que el Ministerio se arrogue la función de garante de derechos de entidades estatales como la Federación Nacional de Mujeres Separadas y Divorciadas, aplazando el traspaso de competencias (y de fondos) a las comunidades para así evitar de forma transitoria la merma de recursos a estas entidades». Y, sin embargo, ante el cierre eventual del centro gestionado por dicha entidad se dirija a esta Consejería «para trasladarle el problema, invocando solo una parte del citado acuerdo aprobado por el Consejo Territorial, e ignorando que el Ministerio hasta 2023 se ha comprometido económicamente con esas entidades, con el fin de que no se vean perjudicadas por el citado traspaso de fondos a las autonomías».
Dancausa defiende que el Gobierno en ningún momento les ha comunicado la necesidad de hacerse cargo de la financiación de este centro. La consejera también señala que la Red de atención de Centros de la Comunidad de Madrid para la atención a las mujeres que sufren violencia, es pública, gratuita y financiada por esta Comunidad.
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