El Gobierno anuncia al Vaticano su voluntad de que los abusos sexuales no prescriban
Desde el Ejecutivo se matiza que la reforma concreta todavía está ultimándose y se apuntaba a que conseguir una imprescripitibilidad estricta es enormemente complejo porque «chocaría» con el principio de seguridad jurídica que recoge nuestra legislación penal
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se han reunido hoy en el primer encuentro bilateral entre la Iglesia y el Gobierno español desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Según el comunicado emitido por la vicepresidencia del Gobierno al término de la reunión «la Iglesia ha trasladado su preocupación, compartida por el Gobierno, por dar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos hechos en el futuro». Un contexto en el que Calvo ha aprovechado para informar a Parolin de que el Gobierno ya trabaja en una reforma del Código Penal «para conseguir que estos delitos sean imprescriptibles».
No obstante, desde el Ejecutivo se matiza que la reforma concreta todavía está ultimándose y se apuntaba a que conseguir una imprescripitibilidad estricta es enormemente complejo porque «chocaría» con el principio de seguridad jurídica que recoge nuestra legislación penal. En este sentido, hace apenas tres semanas Unidos Podemos registraba en el Congreso de los Diputados una ley en la que propone que los plazos de prescripción de este tipo de delitos no empiecen a contar hasta que la víctima haya cumplido los 30 años. Desde el Gobierno se admitía ayer que «se tiene en cuenta» esta posición pero también la de organizaciones no gubernamentales con las que ha preparado su proyecto y que elevan este plazo hasta que los denunciantes cumplan 50 años.
El pasado 7 de septiembre el Consejo de Ministros recibió el informe del anteproyecto de Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. La idea del Gobierno es que la futura norma contemplará el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia.
La idea inicial del Gobierno es remitir el proyecto al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019, después de que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto. «De acuerdo con la definición de violencia de la Convención de los Derechos del Niño la nueva Ley contemplará la prohibición expresa de toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Además, fomentará la sensibilización ciudadana de rechazo, con especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad como los menores con discapacidad, los menores extranjeros no acompañados, las víctimas de trata y los colectivos LGTB», informa el Gobierno.
La voluntad del Gobierno es que en esta norma también se actualizarán «materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores con especial referencia a los supuestos de privación de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento y adopción, velando por el interés del menor», según consta en el informe del anteproyecto.
