¿Es ético vacunar a los niños para alcanzar la inmunidad colectiva?

El debate de la obligatoriedad de las vacunas no es nuevo, ni en España ni en los países de nuestro entorno. El debate cobró mucha relevancia en la segunda mitad de la pasada década con la aparición de algunos brotes epidémicos vinculados a enfermedades víricas y bacterianas erradicadas años antes en la mayoría de los países desarrollados, siendo la causa de aquéllos la negativa a la vacunación de sus hijos por determinados grupos de padres. Tanto los casos ocurridos casi simultáneamente en Francia, Reino Unido, Italia, Austria o Estados Unidos como los patrios del Albaicín y Olot, hicieron temer que ello fuera la punta del iceberg que pusiera en solfa uno de los mayores logros de la Historia de la salud pública.

Tal debate dio lugar a diferentes informes desde la bioética, resoluciones judiciales e, incluso, reformas legales para imponer la vacunación obligatoria en determinados contextos (epidemias) o lugares (escuelas, centros sanitarios…). El propio Comité de Bioética de España aprobó, casi un lustro antes de declararse esta pandemia, un Informe que puede tildarse de seminal sobre la cuestión y en el que, defendiendo la posibilidad ético-legal de la vacunación obligatoria en contextos de epidemia, proponía premonitoriamente la necesidad de reformar la ahora tan citada y criticada Ley Orgánica 3/1986 para incorporar tal limitación al margen del contexto epidémico y precisamente para evitarlo. También, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de pronunciarse hace pocas semanas , una vez más, sobre la materia, afirmando que el deber de vacunación infantil no solo se fundamenta en la protección del propio niño, sino también en el deber de solidaridad social que permite justificar que se imponga la vacunación, incluso, a aquellos que se sienten menos amenazados por la enfermedad, cuando se trata de proteger a las personas más vulnerables.

Igualmente, en el propio contexto de la Estrategia nacional para la vacunación frente a la Covid-19 se debatió tal cuestión, optándose por no imponer, entonces, la vacunación obligatoria , dado que se consideró que la medida, aún siendo ética y legalmente posible, no era necesaria . La propia Estrategia remarca, en magistral fórmula acuñada por el profesor Vicente Bellver, que la vacunación no es voluntaria, sino no obligatoria, lo que no es un mero eufemismo, sino que supone que la decisión individual de no vacunarse no puede considerarse éticamente virtuosa como lo es la de vacunarse, aunque aquélla no tenga, actualmente, consecuencias legales.

Y ahora, como decíamos, recobra nuevos bríos el debate, más aún cuando el porcentaje predicho inicialmente para alcanzar la inmunidad colectiva y evitar reservorios que puedan dar lugar a nuevos brotes o, lo que puede ser peor, variantes, no parece situarse en el 70%, sino en un número algo superior , incluso, próximo al 90%. Y así, se postulan diferentes fórmulas para promover la vacunación de un número de población suficiente para alcanzar cuanto antes aquél. La mayoría de las propuestas insisten en la voluntariedad y la virtud de las medidas formativas e informativas o, incluso, en algunas algo más novedosas, como son los incentivos (nudges), entre los que destacaría el uso del denominado «certificado covid» para el desarrollo de determinadas actividades, esencialmente, de ocio.

Sin embargo, en el nuevo debate hay una cuestión que parece estar pasando desapercibida y que, quizás, constituya el elemento principal para la toma de una decisión en las próximas semanas. Se trata del también debate sobre la vacunación de los niños y niñas , una vez que las correspondientes vacunas se hayan autorizado para dichos grupos de edad. Este tema es especialmente complejo, porque los datos clínicos y epidemiológicos parecen sugerir que la comparación entre beneficio y riesgo no resulta tan evidente como con el resto de grupos de edad . De este modo, si no se pudiera alcanzar la inmunidad de grupo con la vacunación de los adolescentes y mayores de edad, habría que promover la vacunación de los niños y niñas, es decir, se les estaría vacunando, no para satisfacer su interés indivual y proteger su salud, sino como un mero medio de protección de la salud colectiva. Y la pregunta que nos lanza, pues, la Bioética es ahora la siguiente: ¿es ético permitir dicha insolidaridad de determinados individuos y, por tanto, vacunar a nuestros menores por no poderse alcanzar la inmunidad colectiva ? ¿Puede, en cierto modo, cosificárseles para respetar la autonomía de los que se niegan a recibir la vacuna? Si esta pandemia nos está permanentemente lanzando preguntas difíciles de contestar, creemos que aquí tenemos una excepción y hasta aquellos que, siglos después, siguen dudando de las virtudes de las vacunas no tendrán dificultad alguna en hallar la única y evidente respuesta correcta.

Federico Montalvo es presidente del Comité de Bioética de España