Andalucía y Madrid advierten a Educación que todavía hay mucho margen de mejora en la ley de Formación Profesional
El ministerio asegura que todavía está recogiendo las aportaciones al texto original y Pilar Alegría reitera su voluntad de diálogo
La ministra de Educación y Formación Profesional ha presidido este miércoles la Conferencia Sectorial de Educación, en la que ha presentado a informe el Anteproyecto de Ley de Formación Profesional . La ministra de educación, Pilar Alegría, continúa recogiendo las aportaciones de distintos colectivos y ha asegurado que el proceso para elaborar la ley se basa «en una escucha permanente con todos los agentes sociales, educativos y económicos».
Por ello, Madrid y Andalucía han señalado que todavía hay mucho margen de mejora . La viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert, pidió a la nueva ministra que no se precipite en la aprobación de la norma, Además, solicitó Alegría un mayor clima de colaboración y de entendimiento, además de que se tenga en cuenta las propuestas realizadas por las comunidades autónomas.
Albert ha asegurado que hasta el momento el anteproyecto de Ley de FP presentado por el Ministerio no recoge ninguna de las sugerencias, mejoras o rectificaciones planteada por las comunidades autónomas a esta normativa, «vital para el futuro de una de las modalidades educativas que más ha crecido en los últimos años y que tiene una mayor proyección».
Por su parte, la viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha expuesto que aunque comparte la convicción que queda reflejada en el anteproyecto de Ley de FP sobre el papel «clave» que deben jugar estas enseñanzas en el presente y el futuro de nuestros jóvenes para el acceso a un mercado laboral cada vez más complejo, considera que la normativa, «siendo oportuna», dibuja un horizonte «cortoplacista» y adolece de «falta de determinación», indica EP .
Desde Educación, señalan en una nota de prensa que el equipo que dirige Alegría está recogiendo las aportaciones al texto original del anteproyecto que han trasladado las diferentes comunidades autónomas, interlocutores sociales y colectivos del ámbito de la Formación Profesional, siguiendo así el procedimiento de tramitación habitual.
«La cooperación entre administraciones no solo es un cauce obligado de colaboración institucional, sino que es también el mejor mecanismo para enriquecer y mejorar la gestión del sistema educativo en beneficio de toda la ciudadanía. Trabajemos juntos, desde la lealtad institucional, y con la convicción de que desde la unidad contribuiremos a mejorar la educación y la vida de todas las personas», ha declarado la ministra en su intervención.
Reparto de los fondos
Por otra parte, la Conferencia Sectorial ha aprobado también la distribución y los criterios de reparto de créditos de Cooperación Territorial por valor de 1.486.610.939,26 euros. De estos fondos, validados en Consejo de Ministros en junio y la semana pasada, 1.398.051.329,26 euros proceden de los componentes 19, 20 y 21 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR).
El se realiza en función de una serie de criterios que incluyen el número de alumnos escolarizados y la dispersión de la población e insularidad. En función de los programas, se combinan con criterios más específicos como el número de centros y unidades escolares, el número de hogares sin dispositivos digitales, la tasa de riesgo de pobreza, el nivel de estudio de la población de 25-64 años, la tasa de idoneidad a los 15 años, la tasa de abandono temprano de la educación y formación, la tasa de escolaridad de 0 a 2 años y la población de 0 a 2 años.
Madrid denuncia que la comunidad recibirá el 10,6% , un porcentaje sensiblemente inferior al de la población educativa (14,8%) o al porcentaje del PIB (19%). «Vamos a recibir menos fondos que la Comunidad Valenciana pese a tener dos millones más de población», añadió Albert, quien denunció la «arbitrariedad en el reparto de fondos con argumentos poco objetivos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez», destacó Albert.
Por último, Andalucía ha insistido en la necesidad de «flexibilizar» la implementación de los mismos para que se puedan destinar a las necesidades de cada territorio, y en todo caso, ha solicitado, como otras comunidades, fondos específicos para el curso 21-22 para cubrir las medidas de carácter extraordinario por la pandemia.
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